
La llegada de la crisis de 2008 cambió mucho la política farmacéutica de España. Fue un sector al que también llegaron los recortes, y no solo de cara al público, como los copagos, sino también en la financiación pública. La evolución de aquellos años llegó a un momento decisivo en 2015, con la llegada de los medicamentos contra la hepatitis C.
Fue entonces cuando las trabas económicas a la financiación estándar que se estilaba hasta entonces cobraron protagonismo. Hoy, dos de cada tres medicamentos que Sanidad aprueba lo hacen con alguna zancadilla (el 67%), mientras que en el año 2016 esta cifra apenas superaba uno de cada cuatro.
Los datos que ofrece la base de datos del Ministerio de Sanidad, Bifimed, reflejan cómo las compañías farmacéuticas han terminado aceptando condiciones especiales de financiación para entrar en el sistema. El cronómetro del tiempo de las patentes aprieta y no pueden permitirse negociaciones muy largas. Hay que recordar que en España pasan, de media, 15 meses desde que Europa da el visto bueno a un medicamento hasta que se aprueba por el Ministerio de Sanidad, según los últimos datos de Iqvia.
Dentro de las condiciones se encuentran las restricciones de uso para pacientes sobre ficha técnica. También se incluyen las condiciones de financiación especiales para la compañía. En este apartado existen varias: el techo de gasto, el pago por resultado, la tarifa plana... El único condicionante que no se tiene en cuenta a la hora de fijar estos porcentajes es el de que estén bajo la condición de dispensación hospitalaria.
El auge de este tipo de trabas o contratos especiales tuvo lugar en 2018. En 2016, cuando comenzaron a proliferar tras la polémica con los precios de los medicamentos para la hepatitis C apenas era del 26%. Un año más tarde quedaron en el 30% y, en 2018, repuntaron hasta el 50%. En poco más de dos años, y con una pandemia en medio, el porcentaje ha escalado hasta el 67% que se registra en el primer cuatrimestre de 2021.
Fue en 2018 cuando hubo un cambio de gobierno en España. La política farmacéutica recayó en otras manos y la aprobación de nuevos medicamentos se estranguló. Con fecha 1 de enero de 2021, en España solo están aprobados el 21% de lo que aprobó Europa en 2019 y el 52% de lo que se aprobó en 2018. Es decir, se aprueban menos medicamentos que antes y los que llegan soportan contratos de financiación más duros de lo que había hace años.
La otra estrategia de la Dirección de Farmacia del Ministerio es el ahorro de la factura farmacéutica. Este medio informó de que en el plan que se prepara habrá un diferencial de precio entre genérico y marca, para que los primeros encuentren mayores cuotas de mercado disponibles. Pero no es la última novedad. "Se prevén otros cambios cuyo objetivo es generar competencia por debajo del precio de referencia, lo que generaría un precio más bajo con descuento", explica a este periódico Sanidad.
Ese precio más bajo con descuento (una especie de subasta que inventó el Gobierno de Rajoy con el Real Decreto 16/2012 donde cada mes una compañía podía depreciar su medicamento a cambio de ganar cuota de mercado) busca que tanto marca como genérico maduro compitan a base de generar ahorros al sistema.
"La prescripción, tal y como ha sido en España hasta el año 2016, se prevé que se realice, de forma general, por principio activo, a excepción de los medicamentos no sustituibles. Asimismo es importante destacar que se ha aprobado una medida para generar competencia por debajo del precio de referencia. El precio más bajo con descuento podría ser tanto el de un original como el de un biosimilar o genérico", aclara Sanidad. Lo que no se ha especificado es si alguna de esas rebajas afetará a fármacos esenciales.
Muchos de estos medicamentos de los que se quiere recuperar la independencia productiva son tratamientos que llevan muchos años en el mercado. De hecho, una de las razones de su deslocalización fue el abaratamiento de costes de producción en países asiáticos para hacer frente a las depreciaciones que sufrían en mercados occidentales (esencialmente Europa). Ahora, dentro del programa español de recuperación tras la pandemia, se señala la necesidad de contar con producción nacional (o continental, al menos) de este tipo de medicamentos, algo que parece incompatible con su constante depreciación.