Tras varios meses en los que el taxi y los vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC, mantenían una calma tensa, un paso adelante de la Comunidad de Madrid para regular esta última actividad ha desatado el fin del alto al fuego, destapando lo que para muchos ya era un secreto a voces: las movilizaciones que se esperan para el año 2022 en todo el país.
El Real Decreto Ley 13/2018, también conocido como Decreto Ábalos, prohibió a las licencias VTC realizar trayectos urbanos después del 1 de octubre de 2022, momento en el que termina un período de transición de cuatro años para su entrada en vigor. El mismo decreto, el entonces Ministerio de Fomento transfirió las competencias a las Comunidades Autónomas para regular la actividad de estas licencias y, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos, que son la mayor parte de su actividad. Por ello, las diferentes regiones tienen ahora nueve meses para seguir a Madrid y regular este servicio que no se antojan fáciles.
Si bien algunas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, han introducido restricciones operativas a las VTC en el periodo transitorio, ninguna de ellas ha desarrollado todavía la normativa definitiva. La primera en dar este paso fue Madrid que, a través de la Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización, introduce la primera regulación al respecto. Esta norma establece, de acuerdo con el anteproyecto de ley, los requisitos "para seguir haciendo posible la realización de transporte urbano en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor" tras el citado Decreto Ábalos. En concreto, en ella se señala que estos vehículos "en ningún caso, podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto". Es decir, se podrán seguir utilizando aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt como hasta este momento.
En el caso concreto de Madrid, donde operan estas tres empresas y donde otras marcas planean su entrada, los taxistas ya han puesto el grito en el cielo y, a través de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), pedirá 2.500 millones de euros en indemnizaciones a la Comunidad de Madrid debido a la modificación de la norma.
1.377 millones por anticiparse
En este sentido, en el mes de octubre, justo cuando quedaba un año para que las comunidades autónomas aprobasen la norma que permitiese seguir operando a las VTC, Unauto y Aseval Madrid, dos de las principales organizaciones de este sector, hicieron pública la cifra de 1.377 millones que EY había calculado para las indemnizaciones compensatorias en las comunidades autónomas que introdujeron restricciones operativas, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
