Madrid
La continua subida de la luz que alcanza día tras día sus máximos históricos llevó a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, a proponer a largo plazo la creación de una empresa pública eléctrica que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión. Es algo que Podemos, sus socios de Gobierno, habían propuesto ya anteriormente.
Esto sumaría una empresa más a las que ya forman parte del conocido sector público español, que al cierre del primer trimestre, el pasado 31 de marzo, sumaba una deuda que ascendía a 32.298 millones de euros, lo que supone casi el 3% del PIB español, según un informe del Banco de España. Si hacemos una comparativa interanual, durante la pandemia la deuda de las empresas públicas ha aumentado aún más, un 6,95%, ya que en marzo de 2020 se cerró el trimestre con un endeudamiento de 30.199 millones de euros.
En el último informe económico-financiero de las Empresas y Fundaciones Estatales, elaborado por la Intervención General de Administraciones del Estado (IGAE) en 2018, aparece reflejado que actualmente el Estado cuenta con alrededor de 237 entidades dentro de su sector público, las cuales dependen en su mayoría del Ministerio de Hacienda, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A ellas hay que sumar las que dependen de la Dirección General de Patrimonio del Estado, como es el caso de Paradores, y luego las dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en las que se engloban la mayoría de autoridades portuarias, Renfe y Adif y sus filiales.
El informe del IGAE revela que los dos diamantes del sector público español son Aena, Enaire y Loterías y Apuestas del Estado. No obstante, debido a la crisis del Covid-19, Aena registró en 2020 unas pérdidas de 126,8 millones de euros, frente a las ganancias récord de 1.442 millones obtenidas el año anterior. En la misma línea, ha cerrado la primera mitad del año con el doble de pérdidas que en 2020, sufriendo unos números rojos de 346,4 millones de enero a junio. La deuda financiera neta contable consolidada de Aena se incrementó hasta los 7.355,2 millones, frente a los 7.027,1 millones de euros al cierre de 2020. Debido también al derrumbe del tráfico aéreo, Enaire perdió en 2020 un total de 238 millones, aunque cerró con una deuda de 4.706 millones, un 12% menos. Loterías, que sigue siendo la joya de la corona, tuvo un beneficio de 1.455 millones en 2020, un 26% menos que en 2019. En el último año la SEPI -que aglutina empresas participadas al 100% como la Agencia Efe, RTVE, Navantia, Correos o el Grupo Tragsa- cerró con pérdidas de 438 millones, un 80% más.
Resultados negativos
El principal contribuyente a los números rojos del holding público ha sido sobre todo Correos, que arrojó una cifra de pérdidas durante el último año de más de 365 millones, frente a los 6,3 millones de beneficio que tuvo el año anterior. Hay que recordar que Bruselas sigue con los ojos encima del operador postal público, ya que quiere saber con detalle a qué destina la compañía los casi 500 millones de subvención, entre los que se encuentra el Servicio Postal Universal para que cualquiera pueda recibir correspondencia en cualquier parte del país. Según Bruselas, la compañía ha estado empleando esta subvención para otros ámbitos. De hecho, ya han acordado con el Gobierno que el operador público debe reducir en 400 millones de euros las cantidades entregadas entre los períodos de 2011 a 2020.
Navantia es otro de los quebraderos de cabeza para el Estado. La acumulación de resultados negativos continúa lastrando la situación del astillero público y movilizando recursos del Estado para sanear sus finanzas. En el ejercicio de 2020 se registraron pérdidas de 144,8 millones, prácticamente las mismas que en el ejercicio precedente -146 millones-, debido en parte al Covid-19 y a la baja captación de contratos. Actualmente afronta un proceso de transformación tecnológica y organizativa que gira en torno a las fragatas F-111 de Defensa y las corbetas de Arabia Saudí.
Para sanear sus cuentas, el Estado movilizó en 2020 a través de la SEPI 397 millones de euros en forma de préstamo participativo, según rezan las cuentas anuales de la empresa. Pero este es un mecanismo que se repite año tras año para evitar que los astilleros públicos, con sede en Ferrol y Cádiz, se disuelvan o reduzcan su capital.
Aún así, y pese a los números rojos que se han visto durante la pandemia, la cifra de negocios de la SEPI se redujo en menos de un 7% en el año 2020, hasta los casi 5 millones de euros. En exportaciones tuvieron una cifra de 910 millones de euros y las inversiones fueron alrededor de 200 millones de euros, repartidos entre innovación y desarrollo y temas medioambientales, 81 y 75 millones de euros, respectivamente.
En el caso de RTVE, la nueva dirección del ente público, encabezada por José Manuel Pérez Tornero, se enfrenta a una delicada situación financiera con la audiencia además cayendo. En el último año registró unas pérdidas de 31,6 millones y acumula una deuda de 184,1 millones de euros en el primer trimestre de 2021, según el informe de situación económica que presentó el pasado 1 de junio el presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, al Consejo de Administración.
