Golpe a las empresas de VTC y reparto a domicilio en California. Uber, Lyft o DoorDash tendrán que calificar a los conductores y 'riders' como empleados, después de que un tribunal tumbara el pasado viernes una ley aprobada en referéndum en noviembre de 2020 que les permitía seguir tratándoles como autónomos. Y ese cambio podría suponer un aumento de precios de entre un 10% y un 20%, según Gad Allon, profesor de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania.
DoorDash, Instacart, Lyft y Uber financiaron una campaña de 200 millones de dólares el año pasado que prometía a los votantes de California que ahorrarían dinero si se aprobaba esta ley. Y así fue, con un 58% de los votos. Pero esta semana, un juez de apelaciones la tumbó por inconstitucional. Los resultados bursátiles no se hicieron esperar: las acciones de Uber cayeron alrededor de un 5% en la apertura de Wall Street, mientras que Lyft bajó un 4,6% y DoorDash se dejó un 3%.
"Si la apelación ante el Supremo fracasa, los consumidores pagarán el precio", dijo Allon. "Un desafío al statu quo era inevitable, lleva años haciéndolo. Será absolutamente destructivo a corto plazo y los clientes serán los primeros en perder".
Las tarifas ya han aumentado debido a que la escasez de conductores, por la caída de empleo que se arrastra desde que empezó la pandemia, ha coincidido con una mayor demanda. El coste de un viaje en Uber aumentó un 53% en junio con respecto a enero, según la firma de investigación Rakuten Intelligence.
Mientras tanto, DoorDash agregó un sobrecoste a los pedidos de entrega a domicilio para compensar el impacto. Varias ciudades han limitado las comisiones que las empresas de entrega de alimentos podrían cobrar a los restaurantes para ayudar a las empresas en dificultades a mantener una mayor parte de las ganancias durante la pandemia.
Un punto clave del argumento de las empresas para clasificar a sus conductores y repartidores como autónomos es la promesa de flexibilidad. Pero lo que comenzó como un segundo trabajo se ha convertido cada vez más en un empleo a tiempo completo para un número creciente de personas, lo que aumenta la necesidad de mayores protecciones laborales.
La decisión del tribunal es una pequeña victoria para los grupos de defensa de trabajadores como Gig Workers Collective y Rideshare Drivers United, que han pedido un salario mínimo, bajas pagadas por enfermedad y beneficios para los 'riders'. "Este modelo de negocio nunca fue sostenible", dijo Allon. "Las empresas tuvieron la oportunidad de construir un nuevo marco que incluyera los beneficios de los trabajadores en sus estructuras de costos. Este fallo demuestra que han malgastado esa oportunidad. Ahora hay gente que escribe las reglas en su lugar".
El portavoz de Uber, Noah Edwardsen, dijo que el fallo "ignora la voluntad" de los votantes de California y "desafía tanto la lógica como la ley", mientras que DoorDash dijo que era "un ataque directo a la independencia de Dashers". Instacart no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En el fallo del viernes, el tribunal de California determinó que la ley limitaba la capacidad del parlamento estatal para permitir que los trabajadores negociaran colectivamente, violando así la constitución del estado. Aun así la batalla no ha hecho más que empezar: se espera que los tribunales de apelaciones y el Supremo californiano se hagan cargo del caso a lo largo del próximo año.
"Existe la posibilidad de que el gobierno federal intervenga. La Administración Biden ya ha dicho que esto es una prioridad ", dijo Catherine Fisk, de la Universidad de Derecho de California Berkeley. "De lo contrario, estas empresas tienen un gran incentivo para clasificar mal a sus empleados porque reduce sus costos laborales y les da motivos para pasar la patata caliente y alegar que 'es problema de otros'".
