El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha puesto parcialmente del lado de los inversores institucionales en el caso de la salida a bolsa a Bankia -ahora integrada en CaixaBank-. "La acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto no ampara solamente a los inversores minoristas, sino también a los inversores cualificados", dice en una sentencia emitida este jueves.
Ahora es el Tribunal Supremo quien debe adaptar el dictamen, pero el alto tribunal europeo abre la puerta a que la justicia española decida si el inversor institucional tome en consideración si "dicho inversor tenía o debía tener conocimiento de la situación económica". La conclusión del fallo coincide con la opinión publicada a mediados de febrero por el Abogado General que estudió el caso.
Iberdrola, Mapfre, Mutua Madrileña... muchas empresas sufrieron pérdidas millonarias en la salida a bolsa de Bankia de 2011, como muchos particulares. Más de mil millones de euros fueron cubiertos en el tramo institucional, con la participación de grandes compañías españolas.
Al contrario que con los pequeños accionistas, las grandes corporaciones no recibieron el respaldo de la justicia. Los jueces españoles rechazaron que la entidad bancaria tuviera que devolver parte de la inversión por las falsedades que contenía el folleto de la OPV.
Iberdrola fue la compañía que llegó más lejos al reclamar 12 millones de euros hasta que topó con la Audiencia Nacional. Otras firmas como Mapfre y Mutua Madrileña, invirtieron 250 millones y 25 millones, respectivamente. La última -a través de Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)- ha sido la encargada de perseguir que se declare la nulidad por error en el consentimiento en la compra de acciones y que se declare con carácter subsidiario la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el folleto de la emisión.
Fuentes del mercado aseguran a elEconomista.es que el riesgo de futuras reclamaciones está "acotado" como máximo a 30 millones de euros, teniendo en cuenta que afectan a un total de 20 inversores con posibilidades de reclamar el importe invertido . Y es que, muchas demandas de institucionales tienen sentencias en firme o han prescrito.
Meliá Hoteles, que pidió la restitución de un millón de euros, o el Grupo Villar Mir, que a través de OHL, Ferroatlántica y Fertiberia invirtió cerca de 20 millones de euros, se encuentran entre los grandes institucionales que tienen abierto el frente judicial y pueden aprovechar la sentencia.
La información contenida en el folleto "no ampara solamente a los inversores minoristas sino también a los inversores cualificados"
El propio Tribunal Supremo preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si la acción de responsabilidad por el folleto amparaba a los inversores minoristas y cualificados cuando se dirige a ambos, o solamente a los primeros. Ahora la sentencia conocida este jueves determina que, en el caso de una oferta pública de suscripción de acciones dirigida tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto "no ampara solamente a los inversores minoristas sino también a los inversores cualificados".
Los jueces europeos argumentan que "no cabe deducir" de la directiva comunitaria que los inversores cualificados "carezcan de la posibilidad de ejercitar la acción de responsabilidad" porque, en el caso de una oferta mixta, todos los inversores a los que se dirige "con independencia de su condición, disponen de ese documento, que supuestamente contiene información completa y fiable que es legítimo invocar". De esta forma, siempre que exista un folleto "debe poder iniciarse una acción de responsabilidad civil por la información de dicho folleto cualquiera que sea la condición del inversor que se considere perjudicado".
En segundo lugar, el TJUE avala la normativa española que permite a un juez tener en cuenta si un inversor cualificado "tiene o debe tener conocimiento" de la situación económica de una entidad que sale a bolsa "en función de sus relaciones con ésta y al margen del folleto" e incluso "obliga al juez a tomar en consideración ese hecho". Pero, ¿en este caso era información veraz? En otros procedimientos, la justicia española declaró en diversas sentencias que el folleto de la emisión contenía graves inexactitudes en cuanto a la verdadera situación financiera de la entidad emisora. De hecho, la propia entidad reformuló sus cuentas poco después y los accionistas perdieron gran parte de su inversión.
Si bien no está todo dicho, la justicia europea añade que esto será posible siempre que no deriven en un trato "menos favorable" que el que otorgan acciones "similares" previstas en el Derecho nacional "ni surtan el efecto práctico de hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de la acción de responsabilidad".
Entre los grandes inversores que acudieron a la salida a bolsa de Bankia figuran Iberdrola, que reclamó judicialmente 12 millones de euros; Meliá Hoteles, que pidió la restitución de un millón de euros, o el Grupo Villar Mir, que a través de OHL, Ferroatlántica y Fertiberia invirtió cerca de 20 millones de euros.
Iberdrola desistió, al igual que Mapfre, que invirtió casi 250 millones de euros en la salida a bolsa, o Mutua Madrileña, que adquirió 25 millones de euros en títulos del banco.
Pero Meliá Hoteles o Villar Mir pueden ahora intentar recuperar su inversión, una vez que el TJUE ha considerado que cuando exista un folleto, debe poder iniciarse una acción de responsabilidad civil por la información de dicho folleto, cualquiera que sea la condición del inversor que se considere perjudicado.
