La apuesta del Gobierno por la rehabilitación del parque de viviendas y la regeneración urbana es ambiciosa, ya que esta materia se va a llevar la segunda mayor partida de capital procedente de las ayudas de los fondos europeos, con un total de 6.820 millones de euros, de los que 1.000 millones se destinarán a la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social.
Según los planes del Ejecutivo, este año deberían invertirse 2.001 millones de euros, mientras que en 2022 se desembolsarán 2.539 millones y en 2023 los 1.980 millones restantes. Dentro de estas partidas, además de ayudas directas y subvenciones, una parte se destinará a incentivos fiscales con el fin de crear un entorno favorable para impulsar actuaciones de rehabilitación por parte de los particulares y las empresas.
Este estímulo es necesario, ya que según los datos que maneja el Ejecutivo, "la tasa de rehabilitación del parque residencial en nuestro país se sitúa entre 8 y 10 veces por debajo de las medias de los principales países de nuestro entorno, estando situada en España, según los últimos datos, en el 0,08 de tasa de renovación efectiva del parque de vivienda, muy por debajo de Francia (2,01), Alemania (1,49) o Italia (0,77)".
De este modo, aunque el número de viviendas rehabilitadas, de acuerdo con los datos de visados de dirección de obra, está creciendo a un ritmo anual del 10,8% (31.110 en el año 2019 frente a 28.066 en el año 2018), se trata de una baja tasa de actividad que contrasta con el enorme potencial de la rehabilitación residencial en España. Sólo hay que echar un vistazo a las cifras para comprobar el trabajo que tenemos pendiente.
El parque residencial de nuestro país se compone por 25,7 millones de viviendas, de las que alrededor de 19 millones son viviendas principales. Sin embargo, más de la mitad de las viviendas principales -9,7 millones-son anteriores a 1980. Esta fecha no es casual, ya que fue a partir de entonces cuando surgen las primeras normativas que incluyen medidas de aislamiento térmico en los edificios que son de obligado cumplimiento.
Alrededor de un millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso, siendo susceptibles de planes de renovación.
Con estas cifras sobre la mesa, y teniendo en cuenta que el peso de la edificación residencial en el consumo de energía de España es del 17,1%, el Gobierno ha situado el principal foco en la rehabilitación energética de las viviendas y de los edificios, con la previsión de actuar en 500.000 inmuebles en los próximos tres años. Además, otro de los objetivos es poder mejorar la accesibilidad del parque de edificios en España, ya que solo un 23,09% es accesible.
De este modo, más de un 50% del capital-3.420 millones de euros- se destinará al Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, lo que se traduce, por un lado, en la rehabilitación de edificios de viviendas, a lo que se destinará una partida de 1.994 millones de euros. Con este monto se espera actuar en la rehabilitación de unas 150.000 unidades con un coste medio entre 13.500 y 15.000 euros por vivienda y por otro lado, sobre 110.000 unidades en las que se realizarán renovaciones de elementos constructivos.
Por otro lado, se destinarán 800 millones a la rehabilitación de edificios de vivienda en barrios, con impacto en unas 100.000 unidades. Para completar esta partida, el Ejecutivo dedicará 450 millones de euros para crear un entorno favorable a la actividad de rehabilitación mediante incentivos fiscales como deducciones en el IRPF de entre el 20% y el 60% para los propietarios que hagan obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de su vivienda habitual.
Parque público y despoblación
La rehabilitación de edificios públicos se lleva el segundo mayor monto de inversión, con un presupuesto de 1.080 millones de euros, que persigue el objetivo de actuar sobre al menos 1,23 millones de m2 de edificios de la administración.
Este plan se articula a través de transferencias y ayudas a la Administración autonómica y local, acompañada de medidas de asesoramiento, coordinación y apoyo. Así, el Ejecutivo plantea un reparto de 480 millones para las Comunidades Autónomas y de 600 millones para las entidades locales. Con este capital se quiere actuar sobre todo tipo de edificios de titularidad pública (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural o de servicio público, etc.) y estas rehabilitaciones tendrán que lograr siempre ahorros energéticos por encima del 30%.
Otra partida relevante son los 1.000 millones que se destinan al Programa de regeneración y reto demográfico y que va dirigida a municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes. Según explican desde el Gobierno, en España hay 6.815 municipios y núcleos de estas características, que concentran a 5,7 millones de personas, el 12% de la población total. En la última década, han perdido población 8 de cada 10, de manera que, en conjunto, estos municipios y núcleos tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En estos municipios el 30% de las viviendas son anteriores a 1960 y casi el 10% están en un estado ruinoso, malo o deficiente por lo que hay un importante recorrido de mejor.
Finalmente, el otro objetivo con el que trabaja el Ejecutivo es fomentar la construcción de un parque de vivienda de alquiler social "que es actualmente insuficiente y que se precisa de manera urgente para dar respuesta a las necesidades de vivienda digna y asequible de la población más vulnerable con el fin de hacer a la sociedad más resiliente y garantizar una recuperación más justa e inclusiva". Para solventar este problema se va a destinar una partida de 1.000 millones de euros con la que se esperan construir 20.000 unidades que se ejecutarán a partir del próximo año y 2023.
