La Guardia Civil se ha personado este martes en las oficinas centrales de Abengoa en Sevilla en el marco de de una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Abengoa II', Ismael Moreno, y que se encuentra bajo secreto judicial.
Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) enviados desde Madrid han entrado poco antes de las 9:00 horas en las oficinas que la compañía de infraestructuras, energía y agua tiene en el Campus de Palmas Altas. En concreto, el registro está teniendo lugar en el complejo donde se ubican las sedes centrales no solo de su administración principal sino de empresas filiales, como Abengoa Agua, Abengoa Energía o Abenewco.
Según han informado fuentes sindicales, el registro se ha iniciado nada más comenzar la jornada laboral, cuando los agentes han accedido a distintos departamentos de la sede, donde trabajan unas 1.000 personas.
Los trabajadores han permanecido el edificio principal a la espera de indicaciones de los agentes, que al entrar les pidieron que dejaran sus documentos nacionales de identidad sorbe las mesas y se apartasen de ordenadores, mesas, estanterías y cajones.
Según ha informado la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez, los agentes se han llevado más de 50 ordenadores de las plantas de auditoría interna y contabilidad, según ha informado la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez. Una vez que se han llevado los equipos informáticos les han comunicado a los trabajadores que se fueran a casa porque "hoy no trabajaban".
El Campus Palmas Altas está formado por siete edificios que forman la sede de la multinacional sevillana, en la actualidad en concurso de acreedores, con una superficie de 96.000 metros cuadrados, de los que 47.000 se destinan a oficinas y el resto a espacios verdes y equipamientos.
¿De dónde viene el registro?
Según recuerda EP, la tumultuosa relación de Abengoa con la Audiencia Nacional viene de lejos y ha contado con capítulos que han finalizado bien para la directiva de la empresa, como la sentencia absolutoria de 2018 por el cobro de indemnizaciones millonarias de la cúpula.
Esa resolución se produjo en enero de 2018, cuando los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal absolvieron a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega de cerca de 11,5 millones en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo.
La Sala señaló que se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana. Además dijeron que no quedó acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de ese año fueran elaborados para favorecer "improcedentemente" al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número 'dos', puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.
La sentencia fue contraria entonces al criterio del Ministerio Público, que solicitó cinco años de cárcel para Benjumea, cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado y cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal.
Pero en paralelo a esa instrucción, la Audiencia Nacional abrió un nuevo frente contra Abengoa, y el magistrado Moreno encausó de nuevo a Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en 'Abengoa II'. Esta nueva vía de investigación por la estafa a inversores de Abengoa recibió un impulso importante en 2019 con la personación en el proceso de la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsables de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos.
Esta demanda por falsedad contable y estafa de inversores se interpuso en marzo de 2016 después de que la instructora de la causa sobre indemnizaciones millonarias, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, rechazara ampliar su investigación a un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional, al entender que no había conexidad entre ambos hechos.
Así, se presentó una segunda querella por parte de la Plataforma de Afectados por presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración como contra Benjumea y Sánchez Ortega. Ahora, cinco años después, la causa sigue 'viva', y ha derivado en los registros de la sede de Sevilla.
Abengoa se encuentra en pleno proceso de rescate a la espera de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acepte los 249 millones de euros solicitados. El último capítulo lo protagonizaron los Amodio tras confirmarse su alianza con los minoritarios de la compañía (AbengoaShares) para reflotar la empresa, declarada el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones.
