
La Fiscalía Nacional Económica de Chile ha aprobado sin condiciones que Naturgy venda el negocio de redes eléctricas de su filial Compañía General de Electricidad (CGE) a la china State Grid por 2.570 millones de euros. La española logra una plusvalía de unos 400 millones y una reducción de la deuda de casi 3.900 millones al cerrar la operación.
Las autoridades chilenas han concluido que la operación no reduce la competencia en los mercados de generación, transmisión y distribución eléctrica, ni en otros servicios no regulados asociados esas actividades. En el análisis, además de la Fiscalía, han participado la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Naturgy tenía el 96,04% de CGE, la mayor compañía de distribución de electricidad de Chile por número de clientes, con más de tres millones de puntos de suministro y el 45% de los hogares del país. Con presencia en 14 regiones y una plantilla de unos 1.450 empleados, tiene también algunos activos en Argentina que han quedado al margen de la operación.
También han quedado fuera de la transacción las instalaciones de generación renovable que Naturgy desarrolla por medio de Global Power Generartion, su filial con KIA. La venta tampoco afecta a la otra rama de negocio de CGE, la distribución de gas, donde tiene 650.000 puntos de suministro.
La empresa presidida por Francisco Reynés y la compañía pública china alcanzaron un acuerdo para valorar CGE en 4.312 millones de euros -la moneda de la transacción-, incluyendo la deuda. La desconsolidación se traduce en una plusvalía de unos 400 millones, una reducción de la deuda neta de 3.886 millones y una bajada de el resultado bruto operativo (ebitda) de 250 millones y un aumento de 74 millones en los resultados por operaciones interrumpidas este 2021.
La venta del negocio de Chile iba a ser el pistoletazo de salida de una nueva etapa para la empresa, al mejorar sus condiciones financieras y prepararse para invertir con fuerza en el negocio de renovables, pero buena parte de estos planes se han paralizado tras la opa lanzada por IFM sobre el 22,7% de su capital a cambio de un máximo de 4.921 millones, todavía en curso. El último movimiento es la autorización del Gobierno de México.