
El autobús se encamina a una oleada de quiebras e impagos de los leasing y los créditos ICO activados por el Gobierno para ayudar al sector a superar el primer golpe de la pandemia, que paralizó la movilidad y hundió la demanda. Casi un año después, con la tercera ola del coronavirus en ciernes, el panorama apenas ha cambiado, en especial para el transporte discrecional de viajeros, uso regular especial y turístico, que siguen sin apenas ingresos, ni expectativas de generarlos mientras se acerca el momento de empezar a devolver los préstamos y pagar las letras de los autobuses, situando al sector en una tensión de liquidez que amenaza con anular su solvencia. "La situación no puede ser otra que de alarma por la falta de signos que hagan vislumbrar la fecha de comienzo de una posible recuperación mínima en el sector", denuncian las asociaciones Anetra y Direbus
"La situación es de alarma por la falta de signos que hagan vislumbrar la fecha de comienzo de una posible recuperación mínima en el sector", denuncian Anetra y Direbus
En este punto, desde Confebus señalan que el autobús (incluyendo concesiones y urbano) va a perder ingresos por 2.400 millones de euros en el primer semestre del año por el auge de las restricciones, lo que se suma a los 4.000 millones que dejaron de facturar en 2020 por la emergencia sanitaria. Según la asociación, el sector ingresó 5.977 millones en 2018, de los que el 34% corresponden al transporte urbano y el 22% al discrecional.
Ante este nuevo desplome y el temor de no ver "una reactivación sostenida hasta otoño", la patronal urge ayudas directas, como en Europa, y nuevos aplazamientos en las obligaciones de pago de los compromisos de créditos o leasing ya que la liquidez de gran parte de las empresas, incluida la conseguida con los ICO, se ha secado pagando los ERTES y los gastos fijos para mantener las empresas vivas.
"Las empresas no se pueden endeudar más. Es el momento de las ayudas directas. Y no solo para sobrevivir a la hibernación, si no para poder reactivar el sector. Los empresario no tienen dinero para dar de alta los autobuses, sacar a los trabajadores del ERTE o comprar gasolina y así no se puede volver a operar", explica Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, a este diario, que también solicita que los conductores sean incluidos como colectivo prioritario para las vacunas para acelerar la recuperación con seguridad.
"O el Gobierno hace algo ya o el se va a morir la actividad. Los empresarios están muy angustiados. No tienen con qué pagar porque no hay actividad y ni quieren ni pueden asumir más deuda", señala Barbadillo, de Confebus
"O el Gobierno hace algo ya o el se va a morir la actividad. Los empresarios están muy angustiados y muchos no aguantan más. No tienen con qué pagar porque no hay actividad y ni quieren ni pueden asumir más deuda, porque es una trampa para el futuro. Necesitan ayudas directas y no pagar nada de los préstamos ICO hasta que el sector haya empezado a moverse en serio, a mediados de 2022", reclama Barbadillo.
De momento, el Ejecutivo solo se ha comprometido a compensar los contratos de concesión de las líneas interurbanas de autobús, que tienen que mantener la oferta y registran caídas de la demanda de más del 60% en la larga distancia, y a ayudar a las empresas de transporte público urbano, que no han recibido los fondos todavía.
"Las empresas ya han empezado a presentar quiebras y muchas más lo harán porque, entre otras cosas, no pueden hacer frente a los ICO ya que no han facturado nada o casi nada en el último año. El Gobierno debe ampliar la moratoria de forma general. El sector necesita un año más de carencia, hasta 2022, porque no hay movimiento y en abril, cuando hay que empezar a devolverlos, no vamos a haber factura nada todavía", señala Barbadillo, que da por más que perdida la Semana Santa, como el sector aéreo.
En junio de 2020, 10.837 empresas de transporte terrestre habían obtenido 1.938 millones de financiación
El Gobierno aprobó en noviembre ampliar hasta dos años la carencia y a ocho años el plazo para devolver crédito ICO, siempre y cuando fuera concedido por las entidades financieras, algo que dificulta el acceso a estas facilidades al sector del transporte, ya que por ejemplo, no se puede conceder la ampliación si la empresa ha incurrido ya en algún tipo de mora de más de 90 días.
Según los datos publicados por el Ministerio de Transportes en junio de 2020, 10.837 empresas dedicadas al transporte terrestre habían obtenido 1.938 millones de financiación, de los que 1.523 millones fueron avalados por el ICO. Según los datos a diciembre, el sector del transporte y la logística han recibido 4.498 millones de financiación, mientras que turismo, ocio y cultura, 17.176 millones. Las empresas de pasajeros han solicitado más ayudas ya que las mercancías han seguido moviéndose. En este punto, hay que tener en cuenta que las empresas de transporte discrecional y turístico, cuyo tráfico de pasajeros ha caído un 82,2% en noviembre, suelen ser más pequeñas y tienen problemas para lograr liquidez.
Además de una carencia generalizada, Anetra y Direbus piden que la moratoria del leasing de 12 meses, que se fijó seis meses aunque se ha ampliado a nueve meses por las directrices de la Comisión Europea. "El sector era viable y lo volverá a ser, pero con las limitaciones a la movilidad no se puede hacer nada", señala Barbadillo.