El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha implementado una estrategia para obtener ingresos extraordinarios que permitan reforzar su presupuesto destinado a actuaciones en carreteras, fundamentalmente de mantenimiento. En esta línea, los despliegues de infraestructuras de telecomunicaciones del 5G y de fibra óptica en España se presenta como una oportunidad y ya existen negociaciones para establecer las condiciones para el uso de las carreteras, tanto estatales, como autonómicas y locales, que llevaría asociado el pago de un canon por parte de las operadoras de telecomunicaciones.
Según explican fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Ábalos, la Dirección General de Carreteras (DGC) está trabajando con la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para "definir un proceso que agilice lo más posible la concesión de las autorizaciones" de ocupación del dominio público (la zona expropiada de ocho metros a cada lado de la carretera para su defensa) a las operadoras "para que las redes de fibra óptica lleguen hasta las correspondientes antenas para el desarrollo del 5G".
Para ello también se debe ocupar dominio público de carreteras estatales y de otras administraciones, como diputaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos. De hecho, Transportes precisa que gran parte de las autorizaciones se centran "en carreteras fuera de nuestro ámbito, pues el 5G consiste en llevar la fibra óptica hasta las torres repetidoras de telefonía móvil y a estas se suele acceder por viario autonómico o local, al estar en sitios generalmente apartados y elevados". El Ministerio asegura que su "papel en este tema es secundario", si bien ha asumido en primera persona junto con la Dirección General de Telecomunicaciones la definición de los procesos para el desarrollo de las infraestructuras del 5G en todas las carreteras independientemente de su titularidad. La medida implica fundamentalmente a las carreteras secundarias, que representan la fórmula más eficaz para multiplicar el alcance geográfico y llegar a la España vaciada.
A petición de la Dirección General de Telecomunicaciones, Transportes remitió "unas indicaciones del proceso a seguir para que las comentaran con las operadoras y nos dieran un feedback; pero, hasta ahora, no hemos recibido ninguna respuesta", explican desde la DGC. El Ministerio recuerda que "esa ocupación de dominio público está gravada con un canon que está establecido en el artículo 29 de la Ley de Carreteras, de ahí que exista la posibilidad de estudiar, con carácter general, la utilización de nuestro dominio público para el desarrollo de redes de telecomunicaciones u otros".
El artículo reseña que "el uso especial del dominio público o la ocupación del mismo comportarán la obligación, por el beneficiario de la correspondiente autorización de uso u ocupación, del abono de un canon". La base de fijación de la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del valor de adquisición de los mismos por el Estado y el de los predios contiguos. El tipo de gravamen anual será del 5% sobre el valor de la base indicada", agrega.
Las operadoras ya pagan por el uso de las autopistas, pero no así por las carreteras secundarias a través de las que se ejecutarían las canalizaciones. De este modo, las distintas Administraciones añadirían una tasa a las telecos por el uso de las vías. En la actualidad, a nivel autonómico, solo Galicia la tiene implantada, según indican fuentes del sector. La actual normativa contempla la obligación de los gestores de infraestructuras de transporte a permitir a las telecos la ocupación del dominio público viales en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas y neutrales. De esa forma, el uso de las carreteras para el tendido subterráneo de las redes troncales de fibra óptica puede repercutir positivamente en las cuentas de las distintas administraciones para combatir las carencias de inversión que tienen las carreteras, que acumulan un déficit de conservación de casi 7.500 millones, según los datos sectoriales.
En este sentido, Ábalos ha solicitado a Hacienda ampliar los contratos de conservación de las autopistas que revierten este año (varios tramos de las AP-7 y la AP-2) incluyendo en los mismos la explotación de las áreas de servicio por la que las empresas pagan un canon anual. Asimismo, existen otras propuestas para obtener más recursos, como la implantación de electrolineras. Y de una trascendencia superior, el Gobierno analiza la opción del pago por uso para la red de alta capacidad.
