El Real Decreto que extiende la prohibición de los desahucios no ha dejado indiferente al sector inmobiliario. "Las nuevas medidas llegan tarde y mal. Tarde porque muchos propietarios llevan más de 9 meses de impagos, y mal, porque tendrán que soportar ahora tres meses o más de morosidad, hasta que puedan ser compensados, quizás, y por una ínfima parte del perjuicio causado", destaca José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
"Que este último Decreto Ley tenga en cuenta a propietarios afectados, entendemos que es una importante rectificación del Gobierno, que aplaudimos, puesto que hasta la fecha lo único que entendían es que el alquiler era cosa solo de los inquilinos y todas las medidas que se han adoptado en estos 9 meses iban destinadas en exclusiva a los arrendatarios", subraya Zurdo.
Asval cree que carece de sentido que no se compense durante los tres meses a los propietarios
Desde Asval, la asociación que engloba a grandes y pequeños propietarios, apuntan que, la espera de conocer los detalles del Real Decreto Ley y sus características particulares, "el sistema de compensaciones tiene que ser claro, inmediato además de acorde al daño causado. De no ser así, el Estado se enfrentará a importantes reclamaciones patrimoniales".
Asval considera además que carece de sentido que no se compense durante los tres meses a los propietarios y que, además, éstos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda. "Es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivienda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma", explica Beatriz Toribio, directora General de Asval.
La experta alerta de que el decreto abre la puerta a una "oleada de reclamaciones judiciales al Gobierno por responsabilidad patrimonial, ya que se atenta contra el derecho a la propiedad privada. Además, el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados. También se pone en riesgo la tutela judicial efectiva".
La nueva norma prohíbe echar a los inquilinos vulnerables mientras dure el estado de alarma siempre que exista un contrato de arrendamiento. Cuando no exista dicho contrato, el acuerdo introduce una distinción entre pequeños propietarios y grandes (aquellos que tienen más de diez viviendas). En este último caso, se parará el desahucio si los ocupantes son personas dependientes, víctimas de violencia de género o personas que tienen a su cargo a otras personas dependientes o menores de edad.
Toribio advierte de que "estas medidas incrementarán los intentos de ocupación de viviendas, tanto a pequeños como a grandes propietarios ante la expectativa de que no podrán ser desahuciados durante un periodo de tiempo. Posteriormente, a los jueces les será difícil dirimir si esa ocupación se produjo antes o después de la entrada en vigor del decreto."
Asimismo, la experta señala que "con este real decreto España se convierte en una excepción dentro de Europa, ya que es el único país que regulariza la ocupación ilegal, que es un delito según nuestro Código Civil. Este amparo de la ocupación ilegal genera preocupación en las instituciones europeas".
Cortes de suministros
En cuanto a la medida de prohibir los cortes de suministro, José Ramon Zurdo, considera que "esta medida sería viable si los inquilinos vulnerables fueran los titulares de los contratos de suministros. En el caso de que los propietarios fueran los titulares y estuviera domiciliado su pago en la cuenta de los inquilinos, si los inquilinos no pagaran, las compañías suministradoras reclamarían el pago a los titulares, que son en este caso los arrendadores y si no los pagaran, podrían ser incluidos en ficheros de morosidad".
"Tampoco los arrendadores podrían dar de baja los suministros porque podrían ser demandamos por delitos de coacciones. Una vez más, en estos casos, el propietario se lleva la peor parte, porque a ellos, las compañías suministradoras no les van a permitir que no paguen los suministros", denuncia Zurdo.
Propuestas del sector
La Agencia Negociadora del Alquiler propone, para solventar temporalmente esta situación de falta de oferta pública de viviendas en alquiler, aprovecharse de la gran oferta de viviendas privadas que hay en el mercado, y que la Administración llegue a acuerdos con los propietarios (únicos generadores de oferta de viviendas en alquiler), para que los inquilinos vulnerables o con problemas para hacer frente a una renta a precio de mercado, sea el Estado el que se haga cargo de pagar esa renta, pagando directamente al propietario.
"En otras palabras, la propuesta que ponemos encima de la mesa es que el Gobierno se convierta en arrendatario o avalista de las viviendas que se utilicen para alternativas habitacionales de los inquilinos mas indefensos", subraya José Ramón Zurdo.
Para el directivo de ANA, "el propietario arrendador no tendría inconveniente, porque obtendría la garantía y la seguridad del Estado en estas operaciones, e incluso se podría utilizar como marco para establecer las rentas de estos arrendamientos, el recién creado índice de precios de alquiler, puesto en marcha por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana". "Para que esto funcione el Gobierno deberá abandonar la propaganda política y gastar dinero de verdad donde se necesita", comenta Zurdo.
