La llegada del coronavirus provocó, entre otras muchas iniciativas legislativas, la puesta a disposición de la sanidad privada para atender la pandemia, la suspensión de toda actividad no urgente (o no relacionada con el Covid) y la declaración de servicio esencial, con la consecuente imposibilidad de ajustar la plantilla a la demanda. Tras el paso de la primera ola, pocas comunidades, solo cuatro (Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía), han llegado a un acuerdo con las empresas sanitarias, circunstancia que se sigue arrastrando desde entonces. La situación ha mejorado en esta segunda ola, donde ha habido acuerdos de funcionamiento.
El problema de la primera ola es que se ha llevado por delante, según el presidente de Aspe, Carlos Rus, el 25% de la facturación de los centros hospitalarios y el 50% de los centros sin internamiento. Desde la patronal se pone el foco en la necesidad de llegar a acuerdos antes de que finalice el presente año para no ahogar a las empresas y recuerdan que el Gobierno dio 9.000 millones a las comunidades autónomas para gastos sanitarios derivados del Covid que podrían usarse, entre otras partidas, para solventar este asunto.
Las únicas autonomías que han llegado a acuerdos con el sector son las de Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía, pero con salvedades. Las dos primeras han satisfecho las demandas planteadas por la sanidad privada, incluso la primera fue pionera con un acuerdo en abril, tal y como adelantó este medio. Sin embargo, aunque las otras dos han cerrado acuerdos, estos no han satisfecho del todo a las empresas. "La Generalitat Valenciana decidió de forma unilateral abonar a precio público los medios de la sanidad privada utilizados durante la primera ola, pero no la puesta a disposición y en Andalucía se ha establecido un acuerdo marco con precios para esta segunda ola", aseguran desde la patronal Aspe.
Las trece comunidades autónomas restantes no han cerrado acuerdos aún por servicios que se prestaron desde el mes de marzo a junio. Según los datos facilitados por la patronal, existen tres tipos de comunidades entre las que aún no se ha cerrado nada, diferenciándose por su predisposición a llegar a un puerto que convenza a ambas partes.
La Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a las negociaciones, reconociendo los gastos derivados de la puesta a disposición, y se espera poder cerrar el acuerdo antes de fin de 2020. En esta región, según asegura Rus, "el informe de la abogacía de la comunidad asegura que se ha producido una expropiación de servicios". Por su parte, en Murcia, se está trabajando sobre un borrador de acuerdo que contempla la puesta a disposición, atención a pacientes Covid y nuevas tarifas para esta segunda ola, con buena aceptación, por el momento, por parte de la Consejería, afirman desde la patronal.
En un punto medio se encuentra el País Vasco. Aquí la situación actual es que la comunidad autónoma sí que quiere llegar a un acuerdo, pero lo hará de manera individualizada con "las empresas relevantes" y no en un acuerdo general con la delegación territorial de la patronal. Asimismo, en Canarias, "se trata de reconocer el lucro cesante por la puesta a disposición de la sanidad privada y aunque por el momento la interlocución es fluida no existe acuerdo", explican desde la patronal.
En el último grupo, según los datos que aporta Aspe, se encontraría Galicia, Castilla y León, La Rioja y Baleares. En la primera de ellas, la Administración por el momento no admitiría ningún tipo de compensación por la puesta a disposición de la sanidad privada, por lo que la patronal trabaja en un informe de daños que elaborará una consultora externa. En Castilla y León las negociaciones no se han movido prácticamente nada desde que comenzaron. Sigue existiendo una mesa de negociación, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. La situación en La Rioja es similar, aunque con un matiz importante: aquí no habría ni siquiera predisposición por parte de la Consejería de Salud para alcanzar un acuerdo. Por último, en Baleares no ha trascendido ningún avance en las negociaciones.
Las cifras económicas globales, según la Alianza por la Sanidad Privada, es que el Estado debería compensarles con 246 millones de euros y que corren peligro unos 2.400 centros sanitarios privados. En la otra mano, con datos de la Fundación Idis, durante los meses de la primera ola, el 42% de los hospitales generales privados ha atendido al 16% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid-19 (casi 20.000 personas) y ha asumido el 14% de los ingresos en unidades de cuidados intensivos (más de 1.500) durante abril y mayo. Además, durante el pico de la pandemia, el sector reclamó que tenía 2.000 UCIs sin utilizar mientras las unidades públicas estaban saturadas.
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