"Hacer el negocio lo menos atractivo posible". Así argumentaba la secretaria de Sanidad de Podemos, Amparo Botejara, el objetivo que se perseguía cuando en el acuerdo de Gobierno del PSOE consiguieron poner negro sobre blanco la reforma de la Ley 15/97, un texto que permitió el desarrollo de la sanidad privada en España. La pandemia ha dibujado un escenario ideal para poder llevar a cabo una serie de iniciativas que, de facto, ahogan al sector.
La Sanidad Privada fue declarada actividad esencial durante la pandemia, una circunstancia lógica dado el desborde que estaba sufriendo la sanidad pública en algunas regiones. Pero la orden fue estatal y de máximos, por lo que todos los centros tenían que estar abiertos, fuese cual fuese la presión asistencial. En paralelo, al ser declarados esenciales, no se les permitió acogerse a políticas de empleo como los Ertes, teniendo que mantener a toda la plantilla. Sin embargo, sí que se les privó de poder realizar otras actividades sanitarias que no tuvieran relación directa con el covid, salvo que fuesen de vida o muerte.
El cóctel que provocaron estas órdenes es que la sanidad privada tuvo que soportar todos los costes que normalmente tiene más los añadidos que conllevan una pandemia tan excepcional con la vivida, al tiempo que no se les permitía facturar por otro tipo de operaciones ni adecuar sus plantillas a la presión que sufriera cada centro. En definitiva, lo que consiguieron estas medidas es hacer el negocio nada atractivo.
En datos, los números auguran una trascición por la nueva normalidad muy difícil para la sanidad privada. La Alianza de la Sanidad Privada Española reclama al conjunto del Estado 246 millones de euros por su contribución durante la pandemia. La cantidad recoge el pago por servicios asistenciales de derivaciones de la pública y por compensaciones por disposición de recursos asistencial. La cifra se cuantifica hoy pero que se viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español. La patronal también señala que la suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, están al orden del día. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.
La Fundación IDIS ha publicado el informe 'Sanidad Privada, Aportando Valor', que resume la actividad del sector privado durante la pandemia. El 42% de los hospitales generales privados ha atendido al 16% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 (casi 20.000 personas) y ha asumido el 14% de los ingresos en unidades de cuidados intensivos (más de 1.500) durante abril y mayo. Además, durante el pico de la pandemia, el sector reclamó que tenía 2.000 UCIs sin utilizar mientras las unidades públicas estaban saturadas.
El sector hospitalario privado puso en marcha durante los meses de la crisis diferentes actuaciones y estrategias para ampliar la cobertura al máximo número de enfermos. Para hacer frente a la demanda creciente y salvar el mayor número posible de vidas se realizó una ampliación de plantillas en el 89% de los centros (con un incremento del 10% de los contratados con respecto a abril de 2018), se produjo una reprogramación de la actividad (con el fin de poder centrar la atención en la infección, se aplazaron consultas e intervenciones no urgente), se reforzó el parque tecnológico, adaptándolo a las necesidades de la creciente demanda, y se crearon nuevos espacios para acoger a pacientes, ampliando el número de camas de hospitalización, adecuando quirófanos o salas de reanimación a camas de la UCI o creando dos hospitales de campaña en el exterior de dos hospitales privados de la Comunidad de Madrid.
El informe muestra que el 33% de las inversiones que se hicieron durante la crisis fueron para la adquisición de equipamiento sanitario, el 28% a la compra de respiradores, el 12% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades.
La falta de respuesta de Illa
El ministro de Sanidad comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas fiscales y para dotar de liquidez. También se solicitó un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios.
En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo Covid-19, dicen que se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector. Se ha llegado a un acuerdo con Cataluña y se negocia con otras autonomías, pero el Gobierno central le ha cerrado la puerta a un sistema que atiende a 12 millones de españoles.
Aunque Illa no ha respondido a la sanidad privada, sí lo ha hecho en diferentes ocasiones a las interpelaciones del diputado de Podemos Rafael Mayoral en las comisiones de Sanidad del Congreso. Ante las peticiones de que no se dejara ni un euro en la sanidad privada, tal y como recoge el espíritu del pacto de gobierno, Illa aseguró que no habrá compensaciones más allá de los servicios puros prestados.
Pacto por la sanidad
El llamado pacto por la sanidad es una de esas quimeras políticas que sale a colación en todas las legislaturas y que muere en cada convocatoria electoral. Ahora, y en el marco de la Comisión de Reconstrucción, hay una nueva oportunidad. PP y PSOE parecen estar más cerca que nunca y el sector privado clama por un acuerdo de país que habla de sanidad sin más apellidos. "Sin duda, la pandemia nos ha ofrecido numerosas enseñanzas y certezas y una de las más importantes es la necesidad de que nuestro sistema sanitario trabaje al unísono en beneficio de todos, adaptado a los tiempos y proyectado al futuro", dice el presidente del IDIS, Juan Abarca. "Para ello es fundamental entrar en un proceso de reforma a través de un Pacto de Estado por la Sanidad y la Innovación, un pacto inclusivo e integrador en el que todos los agentes implicados, públicos y privados, podamos aportar. Si algo ha quedado patente es que la cooperación entre la sanidad pública y privada ha sido ejemplar", añade.
