La Alianza de la Sanidad Privada Española reclama al conjunto del Estado 246 millones de euros por su contribución durante la pandemia. Una cantidad que se cuantifica hoy pero que se viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español, mediante ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública. La cantidad sería diferente según el territorio, ya que no en todas las comunidades la presencia de la privada es igual.
La patronal se muestra enormemente preocupada ante el riesgo de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB. Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa se comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, a dar una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.
En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector.
Salvo el acuerdo de compensación ya alcanzado con la Generalitat de Cataluña por cada paciente y recurso empleado, en la actualidad no existen otras resoluciones convenidas con el resto de gobiernos autonómicos en los que se han solicitado contrapartidas. No obstante, las negociaciones avanzan, con distinto grado de progreso, en las conversaciones con los gobiernos de Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Valencia.
Papel durante la pandemia
Un estudio elaborado por la patronal sobre 124 centros privados muestra que la sanidad privada asumió el 16% de los pacientes diagnosticados (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536). En actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%.
Además, el importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19, se ha incrementado un 71% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.
