El sector de la cogeneración ha advertido del riesgo de supervivencia para 46 fábricas papeleras, cerámicas, químicas y de otros sectores, por el vencimiento de su derecho a percibir ayudas para sus instalaciones de cogeneración, que les proporcionan calor para los procesos industriales, a la par que les permiten aprovechar dicho calor para generar electricidad y venderla en el mercado.
Las centrales de cogeneración producen el 11% de la electricidad del país, consumen el 20% del gas y están asociadas a factorías que generan un 20% del PIB industrial, unos 25.000 millones de euros. Son una parte clave de la competitividad industrial y del uso eficiente de la energía con numerosas externalidades positivas.
En reconocimiento a esas externalidades, para obtener rentabilidad, perciben una retribución adicional a la que obtienen del mercado eléctrico -a la inversión y a la operación- que vence a los 25 años de la puesta en marcha de las instalaciones y que ronda los 1.300 millones de euros anuales.
Al objeto de que puedan cambiar los equipos energéticos cuando alcanzan el final de la vida útil y seguir operando y produciendo electricidad y calor útil, la Ley 24/2013 prevé un Plan Renove que nunca ha llegado a materializarse.
En 2018, a la vista de que dicho Plan no se había elaborado, el Ejecutivo aprobó una prórroga de dos años para que diera tiempo a prepararlo, pero ese plazo ha concluido sin que se conozca ni un borrador del mismo: mañana martes vence el plazo para las primeras 46 plantas, con una potencia conjunta de 442 MW.
Abocadas a parar o sufrir quebrantos económicos
La asociación de las industrias cogeneradoras, Acogen, explica en una nota de prensa que esas instalaciones "están abocadas abocadas a parar o a sufrir graves quebrantos económicos, desamparadas ante la inacción del Gobierno para haber desarrollado reglamentariamente un régimen regulador en los dos últimos años que atiendan a estas empresas que viven las secuelas de meses de Covid".
La asociación añade que en un plazo de tres años vence la vida útil de 200 instalaciones, con una potencia total de 1.500 MW, que son responsables del 6% del PIB industrial del país.
El Gobierno ha anunciado que quiere solucionar el problema con una subasta para otorgar las ayudas -régimen retributivo específico, en jerga sectorial-, pero no lo ha convocado, "lo que supondrá un desastre para la industria calorintensiva que necesita mantener activas estas cogeneradoras para preservar la actividad industrial asociada, el empleo y la competitividad".
