Tanto los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 como los fondos europeos para la recuperación (Next Generation) dejan de lado el desarrollo de nuevos proyectos de carreteras.
La prioridad del Gobierno, con las restricciones a que obliga el déficit público, discurre ahora por la conservación de las vías y por primera vez las cuentas públicas recogen una inversión superior para esta partida que para obras. De igual modo, la Comisión Europea apenas ha atendido la tercera parte de las demandas solicitadas por el Ministerio de Transporte para acometer mejoras en la red. En este escenario, la participación público-privada se erige en el resorte al que agarrarse para avanzar en la expansión y el mantenimiento de las carreteras, cuyo deterioro es cada año mayor.
Aunque la partida para conservación ha subido, todavía se torna insuficiente para amortizar el agujero acumulado
El Presupuesto de Transporte para 2021 contempla un volumen de 16.644 millones, con un crecimiento del 53% que lo convierte en el más elevado en la última década. En carreteras la inversión aumenta un 15%, hasta los 2.340 millones –casi 300 millones más–. No obstante, este incremento se sustenta en las partidas destinadas a la conservación, que se elevan hasta los 1.240 millones, un 58% más, en el objetivo de frenar el creciente deterioro de la red de carreteras, que acumula un déficit de más de 7.463 millones, según la Asocación Española de la Carretera (AEC). Mientras, para nuevas vías limita el importe a 1.100 millones, un 12% menos.
En este escenario, la Dirección General de Carreteras (DGC) pretendía sumar inversiones a través del Plan Europeo de Recuperación, fundamentalmente para mejorar la red, toda vez que aunque la partida para conservación ha subido, todavía se torna insuficiente para amortizar el agujero acumulado, máxime cuando se prevé la reversión al Estado de alrededor de 500 kilómetros de autopistas en 2021 (tramos de la AP-2 y de la AP-7). Ylo hará, aunque en un grado muy inferior al deseado.
El Puerto de Algeciras
En concreto, la DGC, a cuyo frente está Javier Herrero, ha solicitado 1.870 millones para ser financiados por los fondos europeos. De esta cantidad, dispondrá de alrededor de 750 millones en tres años que se reparten en cerca de 220 millones para actuaciones contra el ruido, 420 millones para la modernización de túneles, 60 millones para mejorar la digitalización de la información y para la implementación de la experiencia piloto del bus VAOen la A2, entre Alcalá de Henares y Madrid, y más de 30 millones para el acceso sur al Puerto de Algeciras. Esta última es la única actuación de obra nueva que contará con recursos comunitarios.
Fuera han quedado las propuestas para eliminar el riesgo en zonas de concentración de accidentes, por 200 millones, para la mejora de la eficiencia energética de las luminarias, por 180 millones, y un plan de choque en firme de 740 millones. Suman, en total, 1.120 millones.
Las perspectivas de inversión en carreteras no mejoran lo acaecido en los últimos años, en los que los volúmenes se han limitado drásticamente. Una caída que se ha visto aún más acusada a raíz de la pandemia y de su impacto en la economía. No en vano, entre enero y septiembre, la DGC licitó contratos por 337,8 millones, un 68,7% menos quelos 1.080,5 millones del mismo periodo de 2019. Del total, 144,2 millones corresponde a obra nueva, un 75,4% menos, y 193,6 millones a rehabilitación y mantenimiento, un 60,9% menos. En el conjunto de las Administraciones, el recorte se modera hasta el 43,8%, con licitaciones por 1.837 millones (1.430 millones menos). De ese importe, 667,1 millones es de obra nueva (-49,4%) y 1.170,8 millones a rehabilitación y mantenimiento (-40%).
"Las carreteras no contaminan, sino el vehículo de tracción que está encima"
Aunque España cuenta con una de las redes de carreteras más extensas de Europa, todavía hay necesidades que abordar. Para la UE, sin embargo, no es una prioridad porque considera que no tiene una huella ecológica, extremo con el que Herrero discrepa. "Las carreteras no contaminan, sino el vehículo de tracción que está encima", sostuvo el director general de Carreteras en el VI Foro Global de Ingeniería y Obras Públicas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebrado la pasada semana. Por ello, aboga por abordar la modernización del transporte.
En el contexto de restricciones presupuestarias y más aún con los efectos de la crisis, el secto urgen la implantación de fórmulas de colaboración público-privada para impulsar la obra nueva bajo regímenes de concesión a través de la inversión de los fondos de inversión y las entidades financieras. Para ello, el principal obstáculo es la limitación de la rentabilidad que fija la Ley de Desindexación de la economía española. Aragón trata ahora de impulsar un programa con una decena de actuaciones por más de 500 millones de euros, mientras que el Plan Especial de Carreteras (PEC) del Gobierno permanece aparcado por el momento.
