La sentencia absolutoria de la salida a bolsa de Bankia pone en jaque la investigación de la caída del Banco Popular. El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tiene abiertas dos piezas sobre el banco, y la primera de ellas investiga la presunta falsedad de cuentas de 2016, estados financieros en los que la entidad basó la ampliación de capital de mayo de ese año de 2.500 millones, y por los que están imputados todos los miembros del consejo de administración en dicha fecha, incluido el entonces presidente del banco Ángel Ron.
Hasta el momento, al igual que ha ido pasando con el caso Bankia, varios juzgados civiles han dado la razón a los clientes que han reclamado su inversión en la ampliación de capital, determinando que el folleto de la operación no reflejaba la imagen fiel de la entidad y sentenciando a favor de la devolución del dinero. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia marca un antes y un después. El fallo determinó que no hubo falsedad en las cuentas de Bankia con las que se dio el salto al parqué y tampoco en la información que se dio en el folleto informativo. Es más, la sentencia dejaba entrever en una crítica a la Fiscalía Anticorrupción de la dificultad de conocer el contenido real de las reuniones de los directivos de Bankia en las que supuestamente se urdieron el maquillaje de las cuentas.
Asimismo, el fallo de la salida a bolsa apuntó de forma clara que la operación tuvo el visto bueno del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que "parecía difícil concebir que cualquier entidad, después de contar con el beneplácito" de los supervisores "recelaran de todos estos pareceres". Guardando las distancias, porque la conformación de Bankia y su salto al parqué estuvo dirigido y avalado por el Banco de España y el Gobierno de entonces para garantizar la viabilidad de la entidad, el Popular también recibió todos los beneplácitos de los supervisores para llevar a cabo la ampliación.
Así, los 34 acusados de la salida a bolsa, incluido el que fue presidente del grupo, Rodrigo Rato, como la propia Bankia y su matriz BFA (controlada por el Frob) fueron absueltos de delito alguno, lo que deja en un sinsentido los esfuerzos realizados por el grupo durante los últimos años para devolver el dinero de la inversión a los accionistas minoritarios. No tendrían por qué haberlo hecho, a juzgar por la sentencia. Pero lo hicieron. Bankia ha devuelto a través del arbitraje que abrió y de las sentencias que recibió en contra de los juzgados inferiores más de 2.000 millones de euros a los afectados.
En la actualidad, después de absorber el Banco Santander el Popular, tras adjudicársele en junio de 2017 por un euro, el grupo que encabeza Ana Botín sigue asumiendo el coste de las devoluciones de la ampliación por las sentencias negativas que reciben de los tribunales civiles. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con Bankia, la entidad puede encontrarse en un futuro con una sentencia de la Audiencia Nacional positiva que no le obligue a realizar estas devoluciones.
Folleto informativo
El fallo de la salida a bolsa fue claro sobre la supuesta falsedad del folleto informativo de la operación. La sentencia aseguró que reflejaba la imagen fiel del banco y también los riesgos que tenía la operación. Y añadió que cualquier inversor era capaz de comprender los riesgos.
La investigación sobre la caída del banco tiene abierta una segunda pieza, que es por la que se imputó al consejo de administración de la era de Emilio Saracho, último presidente del Popular, por un posible delito de manipulación del mercado. La trama investiga si la excúpula, a través de la prensa y de mensajes a los accionistas, trató de desestabilizar el precio de la acción de la entidad en beneficio propio. Una cuestión que nada tiene que ver con el caso Bankia y que, por tanto, poco le puede influir dicha sentencia.
