La caída de la plataforma de inversión con bitcoins Arbistar va camino de convertirse en un gran escándalo de presunto fraude, según indican las fuentes consultadas. La compañía, con sede en Tenerife, canceló el pasado 12 de septiembre las cuentas de todos sus clientes, estiman que unos 120.000, impidiéndoles recuperar su dinero, al menos 360 millones de euros. Las primeras demandas ya han llegado a los Juzgados canarios, pero ya hay bufetes de abogados que buscan elevar el asunto a la Audiencia Nacional porque afecta a personas de todos los rincones del país.
El socio director del despacho Lucas & Asociados, Emilio Lucas Marín, que representa a varios inversores, explica que ya preparan una querella, aunque apunta a que al final se juntarán todos los afectados en un solo expediente. "Pensamos que debe acabar en la Audiencia Nacional porque entendemos que el delito se ha cometido a la vez en varias CCAA", explica. A su juicio, la llegada del caso a los Juzgados Centrales permitiría tomar medidas de forma rápida como registros, el bloqueo de cuentas de la empresa y la intervención judicial de la misma.
De momento se desconoce el alcance de los efectos de la cancelación de las cuentas a los usuarios. El consejero delegado de Arbistar, Santiago Fuentes, negó este fin de semana a la televisión pública canaria que se tratara de una estafa sino de un fallo informático y prometió que se devolvería la inversión a los afectados entre seis meses y un año. Desde el bufete aseguran que la compañía está tratando de firmar acuerdos con los inversores en el que se comprometen a devolver el dinero a medio plazo, lo que dificultaría las actuaciones porque el usuario estaría aceptando que la empresa no le debe nada en ese plazo de tiempo. "A priori tiene pinta de estafa piramidal, tiene todos los elementos", asegura Emilio Lucas.
La empresa ya comenzó a dar problemas en julio, cuando inversores que querían recuperar su dinero empezaron a notar demoras en el reembolso. Finalmente, el pasado día 12 la compañía alegó un error y canceló todas las cuentas. La inversión mínima de los afectados oscila entre los 3.000 y 4.000 euros, aunque hay personas que realizaron inversiones mucho mayores.
