Las desavenencias entre el Banco Santander y Andrea Orcel por el fichaje frustrado del italiano como consejero delegado del grupo siguen latentes y no se han logrado resolver en la audiencia previa celebrada este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. La batalla, según ha decidido el juez, se librará en un juicio el próximo 10 de marzo en el que la presidenta de la entidad, Ana Botín, tendrá que declarar.
El banquero italiano, procedente del banco de inversión UBS, le reclama al Santander 112 millones de euros por el fichaje frustrado. Mientras Orcel asegura que hubo un contrato previo por parte de la entidad, el grupo financiero defiende que nunca se llegó a formalizar dicho contrato y que solo existió una carta oferta. El banco anunció en septiembre de 2018 el fichaje de Orcel como consejero delegado y, cuatro meses después, tras conocer la indemnización que el banquero le reclamaba para compensar su salida de UBS, dio marcha atrás a la decisión.
Según informan fuentes del cercanas al caso, la audiencia previa, que ha comenzado a las 11 horas y solo ha durado una hora, ha ido bien y más ligera de la prevista. En ella, los abogados de Orcel, representado por el despacho De Carlos Remón, han solicitado como prueba la declaración de la presidenta Ana Botín, además del secretario del consejo de administración del banco, Jaime Pérez Renovales, y del entonces jefe de Recursos Humanos del banco, Roberto di Bernardini, ambos con un papel relevante en las negociaciones. Además, también declararán el presidente de UBS, Axel Weber, y el responsable de Recursos Humanos, Mark Shelton.
Sin embargo, el grupo financiero no ha pedido la declaración del protagonista del caso, Andrea Orcel, bajo el argumento de que no existen discrepancia en los hechos. Según la tesis del banco, hay una carta oferta que la otra parte llama contrato, pero el Santander defiende que no se trató de un contrato porque la retribución no estaba pactada. En ella, según la versión del grupo financiero, solo se hablaba de una precio máximo a pagar por el fichaje que dependería de la indemnización final que UBS diera al banquero por su salida. Este tope estaba estipulado en 35 millones de euros, en el caso de que no recibiera nada por parte del banco suizo. Sin embargo, finalmente UBS reconoció una indemnización de entre 12 y 14 millones de euros, que Orcel no quiso restar de los 35 millones tope que puso el Santander sobre la mesa. "Quería los 12 o 14 millones y los 35, no hubo acuerdo", aseguran fuentes del caso. Asimismo, el juez ha considerado que el interrogatorio del italiano no tiene relevancia.
Entre los documento aportados al caso por la defensa de Orcel destacan varios correos electrónicos cruzados entre Botín, el jefe de RRHH del grupo y el banquero italiano, así como algunos tuit de la presidenta del banco y la transcripción de una entrevista que concedió a Bloomberg. El italiano, no obstante, no ha aportado ninguna grabación más. Además, estas grabaciones que hizo a la presidenta del banco durante su fichaje, finalmente, no serán reproducidas en el juicio.
