Empresas y finanzas

Una fundación de Endesa, Telefónica y Prosegur pide penas de cárcel contra el fraude eléctrico

  • En Alemania la reclusión llega a los cinco años; en Italia y Francia, hasta los tres años, además de sanciones económicas
  • En España el delito tiene un impacto superior a los 150 millones de euros anuales
  • Las eléctricas gastan unos 100 millones al año perseguir este tipo de fraude
Técnico manipulando contadores eléctricos. Imagen: Archivo.

La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.

Esys ha publicado el informe El fraude del fluido eléctrico, en el que analiza la situación de un fenómeno que las eléctricas vienen denunciando en los últimos años, al hilo de su peso creciente y de su profesionalización. El robo de energía es muy difícil de detectar porque sin una detallada revisión in situ sólo se aprecia un aumento de las pérdidas de las redes.

Ahora bien, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las pérdidas de energía de las redes -técnicas y no técnicas- se incrementó un 16% de 2014 a 2018 en todo el territorio, aunque con incrementos del 40% en algunas regiones. El informe calcula que las empresas de distribución eléctrica gastan unos 100 millones al año en luchar contra el fraude, tanto en medios humanos como materiales.

El informe de ESYS destaca que este fraude afecta a toda la sociedad, ya que su impacto económico se repercute en la factura de todos los consumidores, puede quebrar empresas por no poder competir contra las que no pagan la luz, provoca cortes de suministro en zonas con alta concentración de fraude -como las vinculadas a cultivos de marihuana en interiores- y reduce la recaudación fiscal. También impacta sobre la seguridad, ya que puede generar incendios en viviendas provocados por manipulaciones ilícitas de la instalación eléctrica y electrocuciones.

Un delito de grandes consumidores

Además, es un delito que cometen empresas y particulares de clases altas: según datos de Naturgy, el 84,7% de los expedientes de fraude abiertos en 2018 correspondía a grandes consumidores con suministros superiores a 15 kW; los datos de Endesa apuntan a que el 78% del fraude lo cometían empresas industriales y de servicios, como hoteles o restaurantes, así como particulares con viviendas de alto estándar y elevado consumo. Sólo el 1% de los casos está localizado en viviendas vulnerables.

Pero para cometer el fraude también hacen falta técnicos capaces de manipular las redes, realizar dobles acometidas y manipular los modernos contadores digitales, lo que exige conocimientos muy especializados, herramientas específicas y experiencia previa. En ocasiones no dudan en publicitarse en redes sociales, normalmente enmascarados como "servicios de ahorro energético".

La legislación española prevé medidas coercitivas para prevenirlo mucho más suaves que en el extranjero. Aquí plantean la suspensión del suministro y la rescisión del contrato -si existe- cuando el fraude se detecta; además, la empresa eléctrica, a falta de un criterio objetivo, facturará un importe correspondiente a multiplicar la potencia contratada por seis horas de consumo diario durante un año. La Ley eléctrica prevé sanciones superiores, pero en muy raras ocasiones se tramitan expedientes sancionadores.

Delito penal y multa de 500 euros

El Código Penal también persigue el delito, e impone una pena de multa de hasta 12 meses, pero las sanciones a los titulares del fraude y los manipuladores suelen rondar de 300 a 500 euros, muy pequeñas en comparación con los beneficios obtenidos, y no se aplica en ningún supuesto una pena privativa de libertad.

Otros países de la UE, que han legislado en el ámbito penal la defraudación de fluido eléctrico, sí consideran necesaria la pena privativa de libertad. A modo de ejemplo, Código penal alemán prevé la pena privativa de libertad hasta cinco años; el Código penal italiano asemeja la sustracción fraudulenta de energía con el delito de hurto, imponiendo una pena privativa de libertad de seis meses a tres años de prisión; finalmente, el Código penal francés lo asimila al robo con una pena privativa de tres años y una multa de 45.000 euros.

Por ello, la Fundación propone la introducción de una pena privativa de libertad similar a la de estos países europeos y una normativa específica para atajar estos delitos.

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Comentarios 3

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Antonio Lopez Lopez
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No era un secreto que los estudiantes pirateaban el contador analógico en los pisos que alquilaban, siendo el propietario el que apechugaba cuando se descubría la picaresca del los inquilinos.

Hoy en día los contratos de los estudiantes van a su nombre, los contadores se han cambiado a digital, y el caso es que siguen pirateandolos como antes, pero ahora por lo menos antes de abandonar el piso, quitan la trampa del contador.

La compañía lo sabe y lo consiente, porque es poca cosa, sale mas caro mandar al tecnico que pille la trampa que lo defraudado de luz.

España es un país de picaros de toda la vida de Dios, soloque ahora con el cultivo de Maria en casa, hemos llegado a limites insospechados de gasto energético defraudado.

Puntuación 4
#1
Iberdrola fue pillada manipulando precio luz
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Cerraron a directivos de iberdrola por manipular precio de la luz???



Los principales delicuentes son los de las eléctricas. Han multiplicado por 6 coste luz con rollo falsas renovables made in china.

Pagamos prima renovable s una coss que no es renovable. Estafa.

Puntuación -2
#2
aristoleches
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Me parece bien, pero que se establezca también como delito enchufar políticos en sus consejos de administración, que luego pagamos la luz el doble (antes de impuestos) que países como Francia o Alemania

Puntuación 2
#3