La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.
Esys ha publicado el informe El fraude del fluido eléctrico, en el que analiza la situación de un fenómeno que las eléctricas vienen denunciando en los últimos años, al hilo de su peso creciente y de su profesionalización. El robo de energía es muy difícil de detectar porque sin una detallada revisión in situ sólo se aprecia un aumento de las pérdidas de las redes.
Ahora bien, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las pérdidas de energía de las redes -técnicas y no técnicas- se incrementó un 16% de 2014 a 2018 en todo el territorio, aunque con incrementos del 40% en algunas regiones. El informe calcula que las empresas de distribución eléctrica gastan unos 100 millones al año en luchar contra el fraude, tanto en medios humanos como materiales.
El informe de ESYS destaca que este fraude afecta a toda la sociedad, ya que su impacto económico se repercute en la factura de todos los consumidores, puede quebrar empresas por no poder competir contra las que no pagan la luz, provoca cortes de suministro en zonas con alta concentración de fraude -como las vinculadas a cultivos de marihuana en interiores- y reduce la recaudación fiscal. También impacta sobre la seguridad, ya que puede generar incendios en viviendas provocados por manipulaciones ilícitas de la instalación eléctrica y electrocuciones.
Un delito de grandes consumidores
Además, es un delito que cometen empresas y particulares de clases altas: según datos de Naturgy, el 84,7% de los expedientes de fraude abiertos en 2018 correspondía a grandes consumidores con suministros superiores a 15 kW; los datos de Endesa apuntan a que el 78% del fraude lo cometían empresas industriales y de servicios, como hoteles o restaurantes, así como particulares con viviendas de alto estándar y elevado consumo. Sólo el 1% de los casos está localizado en viviendas vulnerables.
Pero para cometer el fraude también hacen falta técnicos capaces de manipular las redes, realizar dobles acometidas y manipular los modernos contadores digitales, lo que exige conocimientos muy especializados, herramientas específicas y experiencia previa. En ocasiones no dudan en publicitarse en redes sociales, normalmente enmascarados como "servicios de ahorro energético".
La legislación española prevé medidas coercitivas para prevenirlo mucho más suaves que en el extranjero. Aquí plantean la suspensión del suministro y la rescisión del contrato -si existe- cuando el fraude se detecta; además, la empresa eléctrica, a falta de un criterio objetivo, facturará un importe correspondiente a multiplicar la potencia contratada por seis horas de consumo diario durante un año. La Ley eléctrica prevé sanciones superiores, pero en muy raras ocasiones se tramitan expedientes sancionadores.
Delito penal y multa de 500 euros
El Código Penal también persigue el delito, e impone una pena de multa de hasta 12 meses, pero las sanciones a los titulares del fraude y los manipuladores suelen rondar de 300 a 500 euros, muy pequeñas en comparación con los beneficios obtenidos, y no se aplica en ningún supuesto una pena privativa de libertad.
Otros países de la UE, que han legislado en el ámbito penal la defraudación de fluido eléctrico, sí consideran necesaria la pena privativa de libertad. A modo de ejemplo, Código penal alemán prevé la pena privativa de libertad hasta cinco años; el Código penal italiano asemeja la sustracción fraudulenta de energía con el delito de hurto, imponiendo una pena privativa de libertad de seis meses a tres años de prisión; finalmente, el Código penal francés lo asimila al robo con una pena privativa de tres años y una multa de 45.000 euros.
Por ello, la Fundación propone la introducción de una pena privativa de libertad similar a la de estos países europeos y una normativa específica para atajar estos delitos.
