La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclama un cambio de la regulación para reducir el fraude en el sector eléctrico, que varias fuentes del sector evalúan en una horquilla de 150 a 300 millones de euros anuales.
La patronal de las cinco grandes eléctricas, Aelec, reclama la creación de inspectores con capacidad para detectar y denunciar directamente los robos de energía sin pasar por los servicios de Consumo de las comunidades autónomas y el diseño de incentivos para atajarlo.
La regulación da incentivos a las distribuidoras por detectar estas prácticas
La regulación actual carga sobre el conjunto de los consumidores las pérdidas que genera el robo de electricidad mediante la manipulación de contadores, los enganches directos a las redes u otras prácticas fraudulentas. Y otorga incentivos a las empresas distribuidoras por detectar estas prácticas.
Sin embargo, mientas el fraude sigue una tendencia al alza, que se refleja en las diferencias entre la energía generada y la registrada por los contadores, dicho incentivo no para de reducirse: ha pasado de 6,9 millones en 2016 a 3,3 millones para este 2019, según los cálculos de la CNMC. Por eso el regulador indica que "a la vista de la evolución de las pérdidas en los últimos ejercicios, se plantean serias dudas sobre el resultado obtenido, por lo que se considera necesaria una revisión de los actuales incentivos a la reducción de pérdidas y fraude", tal y como puede leerse en su propuesta de retribución la actividad de distribución para el presente 2019.
No es la primera vez que el organismo presidido por José María Marín Quemada plantea un revisión profunda de la normativa sobre el fraude. De hecho, en 2015, dentro de un informe específico sobre el problema, y de un modo extraordinario, llegó a redactarle al Gobierno una detallada propuesta de Real Decreto.
La normativa lo propicia
A grandes rasgos, el regulador pide multas más severas para los delincuentes, porque "con la normativa actual no existe un riesgo económico para aquellos sujetos que cometen el fraude, con lo que dicha situación se ve incentivada", según recogía el informe de 2015.
De acuerdo con la legislación, el fraude eléctrico es un delito penal, porque afecta a la seguridad y la integridad física de las personas, y ningún juez va a mandar a nadie a la cárcel por cometerlo. Además, la pena máxima es una sanción equivalente a un año de consumo de energía, con independencia de cuándo comenzara a producirse, si es que se llega a saber. Fuentes del sector apuntan que habría que convertir el fraude en un delito administrativo.
La CNMC pide que la sanción aumente al equivalente a tres años de consumo, así como un mayor desarrollo desarrollo normativo, no sólo para tipificar mejor el fraude y diferenciarlo de las anomalías en el suministro, sino para aumentar su precisión en cuanto a los plazos y las responsabilidades de los implicados en su detección.
En este sentido, al igual que Aelec, la CNMC reclamaba la creación de inspectores del fraude, es decir, verificadores autorizados acreditados por las distribuidoras o por Organismos de Control Autorizados (OCA) con capacidad de actuación efectiva. Ya existió algo parecido en su día, pero en la actualidad las empresas eléctricas tienen que informar de sus sospechas a los servicios de Consumo de las comunidades autónomas -cuyos procedimientos no están armonizados-, que no cuentan con recursos suficientes.
Aelec también llama la atención sobre la falta de concienciación social sobre el tema, porque no se valora que el perjuicio se traslada a todos los consumidores, también a través de la pérdida de recaudación de impuestos. Y reclama que se analice con detalle cómo se origina el fraude, porque en contra de la creencia común, son las pymes y las rentas más elevadas los que cometen el delito.
El gran problema: la 'profesionalización'
La CNMC y las empresas alertan sobre la profesionalización del fraude, es decir, sobre la existencia de empresas sin escrúpulos que ofrecen la manipulación de contadores o instalaciones trucadas, con enganches que se activan y se desactivan en función del consumo para engañar a las compañías eléctricas.
Hay casos que saltan a los medios de comunicación periódicamente, como las plantaciones de marihuana alimentadas por potentes lámparas dentro de edificios, el de urbanizaciones completas o el de hoteles, bares y restaurantes.
En el sector circulan varias máximas, como "si detectas un caso de fraude, mira alrededor, porque habrá más", o "si hay fraude, seguro que hay una actividad económica ilegal asociada", y se apuntan casos típicos, como el del sector terciario, con puntas de consumo los fines de semana e instalaciones trucadas que sólo se activan esos días, en los que, además, no hay inspecciones.
Delito de adinerados y pymes
Endesa es la única de las grandes empresas eléctricas que ha atendido la petición de elEconomista de comentar abiertamente la situación. Ya en el verano de 2016 remitió un comunicado de prensa en el que analizaba el fraude detectado en sus redes y concluía que el 96 por ciento lo perpetran empresas y particulares con un elevado nivel de consumo -son los que realmente obtienen un ahorro económico relevante-, mientas que las familias con bajos recursos no eran responsables ni del 1% de los delitos detectados.
Endesa identificó 83.522 casos de fraude en 2015, casi un 25% más que en 2014, y anunciaba que las cifras se superarían ampliamente en 2016. Según sus estimaciones, el volumen de fraude en todo el país podía cubrir la demanda de Sevilla y su área metropolitana durante un año entero.
Endesa indica que ha incrementar notablemente los recursos humanos y económicos para la lucha contra el fraude, lo que le ha permitido aumentar las inspecciones. Gracias a las nuevas tecnologías y las herramientas de análisis de datos -el Big Data- está logrando ser cada vez más efectiva.
