Endesa ha analizado el tipo de consumidores que cometen fraude en la electricidad -manipulación de contadores, enganches directos a la red y otras prácticas- y el resultado del análisis es que el 96% lo perpetran empresas y particulares con un elevado nivel de consumo; las familias con bajos recursos no son responsables ni del 1% de los casos.
De acuerdo con los datos de la compañía eléctrica, el fraude en 2015 ascendió a 3,5 TWh, equivalente al consumo eléctrico anual del área metropolitana de Sevilla. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado hace un año estimaba la suma del fraude y las pérdidas de las redes -no los diferenciaba- en 5 TWh entre marzo de 2013 y marzo de 2014.
Coste de 150 millones al año
La CNMC calculaba entonces que el volumen referido de fraude y pérdidas representaba una carga de 150 millones de euros anuales para los consumidores. Endesa indica que, con datos del regulador y análisis propios, el coste del fraude, sin atender a las pérdidas, ascendió a esa misma cantidad el año pasado.
Tanto Endesa como la CNMC están de acuerdo en que el fraude va a más. La primera sostiene que ha detectado 83.522 casos correspondientes a 2015, un 25% más que en 2014, y avisa de que esa cifra se superará ampliamente este 2016 a la vista de los datos que ha recogido hasta la fecha. La segunda hablaba de "profesionalización" de esta actividad ilícita, con grupos organizados especializados, y advertía que la normativa actual la incentiva, porque no hay "riesgo económico" a la hora de cometerla.
Endesa da un paso más y habla de "competencia desleal" de las empresas con malas prácticas, responsables del 80% de los casos. A su juicio, estas organizaciones consiguen abaratar sus productos y servicios a la par que encarecen los de sus competidores, porque el fraude no se carga sobre la factura de las empresas eléctricas; se reparte entre todos los consumidores.
Cambio normativo pendiente
La CNMC, en el referido informe, planteaba un cambio de legislación en la materia -prácticamente redactaba un nuevo decreto-, pero no se ha avanzado nada, sobre todo por la situación del Gobierno.
En primer lugar, el regulador pedía multas para los delincuentes, equivalentes a tres años de su consumo de electricidad.
Después definía los diferentes tipos de fraude para diferenciarlos claramente de las anomalías, al objeto de aumentar la protección de los consumidores y reclamaba armonizar los procedimientos autonómicos de identificación de las ilegalidades.
Luego plantea la elaboración de planes anuales de verificación y la creación de una especie de policía del fraude: verificadores acreditados por las distribuidoras o por Organismos de Control Autorizados (OCA), así como un procedimiento de actuación en caso de fraude, especificando mejor las situaciones que permiten el corte inmediato del suministro.
Finalmente, se adentraba en el cálculo y el mecanismo de cobro de las cantidades adeudadas -ahora se cobran seis horas diarias, sanciones aparte-, así como en el procedimiento de reconexión.
