La Justicia de Portugal ha acordado la suspensión de funciones de los presidentes de Energías de Portugal (EDP), António Mexia, y al consejero delegado de su filial EDP Renovables (EDPR), João Manso Neto, investigados por posibles delitos de corrupción con la terminación anticipada del Contrato de Adquisición de Energía.
La noticia la ha recogido la prensa portuguesa, que ha tenido acceso a la orden del juez que instruye el denominado Caso EDP, Carlos Alexandre. Al parecer, tiene cuatro páginas de fundamentos y 1.500 de transcripción, y valida las peticiones del Ministerio Fiscal. Éste había solicitado diferentes medidas, entre ellas la suspensión temporal de los dos ejecutivos y una fianza de 3 millones de euros.
Finalmente, según informa EFE, el Juez ha decidido imponer una fianza para ambos de un millón de euros, retirarles los pasaportes para que no puedan salir de Portugal y prohibirles el acceso a los edificios de la compañía. Tampoco podrán contactar con cualquier implicado en el caso.
Igualmente, Alexandre ha impuesto una fianza de medio millón de euros para el administrador de REN (Redes Energéticas Nacionales), João Conceição, también investigado, aunque este último podrá seguir ejerciendo el cargo que ejerce.
La defensa de los ejecutivos consideró en su momento que las medidas coercitivas reclamadas por el fiscal eran "ilegales", argumentando que se referían a acontecimientos que ya eran públicos en 2018 y que no había nuevas pruebas que lo sustentasen.
En un comunicado divulgado el pasado 6 de junio, la Fiscalía lusa explicaba que decidió imputar a Mexia y Manso Neto, como coautores en la práctica de cuatro delitos de corrupción activa y un delito de participación económica en negocio.
La investigación del Caso EDP busca esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad al introducir en el sector eléctrico portugués los "Costes para Mantenimiento del Equilibrio Contractual" (CMEC), una compensación a la cesión anticipada de los contratos de adquisición de energía.
Piden la retirada del Juez por dudas sobre su imparcialidad
Entretanto, la defensa de los dos gestores de EDP había solicitado recientemente que se apartase del caso al juez que lo instruye, al considerar que existían dudas sobre su imparcialidad.
EDP, uno de los gigantes energéticos europeos, fue propiedad del Estado portugués hasta 2011, cuando se privatizó, mientras que su filial, EDPR, con sede en España, es el cuarto productor mundial en energía eólica.
