Los miles de trabajadores de la red de transporte público español corren el riesgo de no cobrar la paga extra de junio o julio en tiempo y forma. Las restricciones a la movilidad unidas a la lenta y limitada recuperación de la demanda durante la desescalada han desembocado en una fuerte tensión de liquidez en el sector, que empieza a tener problemas para cumplir con sus obligaciones y afrontar los gastos.
"Hay una tensión de caja máxima y no hay dinero para la paga extra", señalan fuentes cercanas a la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) consultadas por este diario. El presidente de la asociación, Miguel Ruiz, trasladará al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el problema en la reunión sectorial del 11 de junio para tratar de buscar una solución.
Las empresas del sector se encuentran en una alarmante situación de falta de liquidez
Y es que las medidas de distancia física impuestas por el Gobierno para limitar el riesgo de contagio en el transporte público se han traducido en un fuerte descenso de los ingresos y alza de los costes, ya que consorcios y empresas han tenido que desplegar el 100% de su capacidad y reforzar algunas rutas para evitar aglomeraciones en estaciones y vehículos, donde sólo podrá haber dos personas por metro cuadrado o tener la mitad de los asientos ocupados.
De momento, la ocupación del metro, autobús (EMT) y tranvía está topada al 30% por lo que pese a que se está registrando un aumento de la demanda, éste no se está traduciendo en una mejora sustancial de los ingresos, por lo que no pueden afrontar los gastos de operar al máximo de su capacidad generado problemas de caja.
Asimismo, una parte de la actividad no se va a recuperar este año por el cierre de los colegios, la proliferación de teletrabajo y la crisis económica, lo que limita aun más la posibilidad de captar recursos por la venta de billetes, mientras los gastos operativos han subido por las medidas sanitarias que se han puesto en marcha, como la desinfección diaria de los vehículos, la instalación de mamparas...
Unos 1.727 millones en ayudas
Para hacer frente a la falta de liquidez de las compañías, ATUC ha reclamado al Gobierno un plan urgente de ayudas que, entre otras cosas, contempla una inyección de unos 1.727 millones (1.000 millones para autobús y tranvía y el resto para el metro).
"Esta línea urgente de ayudas se convierte ahora en el requisito imprescindible para no interrumpir la movilidad"
ATUC eleva el impacto de la crisis del coronavirus y de llevar el transporte público medio vacío a más de 3.000 millones de euros hasta final de año. La cifra incluye las inversiones han tenido que llevar a cabo para limitar los riesgos de contagio en los vehículos mientras que los 1.727 millones estimados por la FEMP sólo contempla la pérdida de ingresos por la paralización y la limitación de la ocupación.
"Esta línea urgente de ayudas se convierte ahora en el requisito imprescindible para no interrumpir la movilidad necesaria de cara a la reactivación de la economía con en las diferentes fases de la desescalada", informa la compañía en un comunicado.
El sector pide elevar la ocupación del transporte público al 60%-70% usando mascarilla
Las reclamaciones de ATUC van en línea con las medidas que ya han comenzado a aplicar otros países europeos. De hecho, entre Alemania y Reino Unido han aprobado un volumen de ayudas superior a los 1.600 millones de euros. En este contexto, Ábalos confirmó el pasado miércoles en el Senado que el Ejecutivo está trabajando en un Fondo para la recuperación del transporte público que "permita contribuir a compensar a los operadores las pérdidas que han sufrido por la bajada de la movilidad durante estas semanas".
Además de ayudas directas, el sector pide elevar la ocupación del transporte público al 60%-70% manteniendo, eso sí, la obligatoriedad de llevar mascarilla. "Suavizar las restricciones permitirá al sector disminuir los gastos que implican la poca ocupación del transporte y darle margen en la recuperación económica", señala la asociación, que está llevando a cabo un estudio con el CSIC para analizar el impacto de la medida en la seguridad sanitaria. En países como Francia, Alemania o Polonia se están suavizando o eliminando estas limitaciones.
