Empresas y finanzas

Llevar medio vacío el transporte público costará 3.300 millones hasta 2021

  • La distancia social tendrá un fuerte impacto en las cuentas de metro, bus y Cercanías
  • Ábalos trabaja en un sistema de reserva del transporte por franjas horarias
Autobuses de la EMT de Madrid
Madrid

Mantener la distancia social en el transporte público pasará una factura de 3.300 millones de euros hasta final de año. Las medidas impulsadas por el Gobierno para evitar que metro, autobuses y Cercanías se conviertan en un foco de contagio por coronavirus en plena desescalada se traducirán en un fuerte descenso de los ingresos y alza de los costes, ya que consorcios y empresas tendrán que desplegar el 100% de su capacidad y reforzar algunas rutas para evitar aglomeraciones en estaciones y vehículos, donde sólo podrá haber dos personas por metro cuadrado o tener la mitad de los asientos ocupados.

En concreto, Confebus calcula un impacto de 300 millones de euros en el transporte de autobús interurbano, que es titularidad privada, mientras que la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) estima una factura de 2.500 millones por la caída del tráfico de pasajeros y el alza de los gastos operativos.

La demanda apenas crecerá hasta el 25% de la capacidad en tres meses

Y es que, más allá de que la capacidad esté limitada al 30 o al 50%, ATUC señala que la demanda apenas crecerá hasta el 25% en los próximos tres meses (actualmente ronda el 8%) por las restricciones a la movilidad, el teletrabajo, el cierre de colegios y universidades y el impulso de medios alternativos como el coche privado, la bicicleta o la movilidad compartida. En este sentido, esperan cerrar el año con una demanda del 60% de la registrada antes del coronavirus (330 millones de desplazamientos urbanos al mes) y no recuperar la normalidad hasta 2022.

En cuanto a los gastos, ATUC recuerda que en verano Metro, EMT y Cercanías reducen su capacidad disponible por la finalización del curso escolar, el inicio de la jornada intensiva y las vacaciones, mientras que con el plan de desescalda se verán obligados a mantener toda la operativa y reforzarla.

El sector calcula que la normalidad se recuperará en 2022

Según la cuentas de la Consejería de Trasportes de Madrid, con una distancia de seguridad de un metro entre pasajeros, la capacidad del transporte público madrileño se reduce a un 30% lo que implica que en vez de transportar 5,5 millones de viajeros al día sólo podrá llevar 1,3 millones. Esto supone un descenso de los ingresos por la venta de billetes con la misma estructura de costes.

Al impacto en la cuenta de ingresos y gastos habría que sumar 500 millones de inversión extra en medidas sanitarias y de prevención exigidas por las distintas administraciones. Y es que, el decálogo de recomendaciones elaborado por el Ministerio que dirige José Luis Ábalos para impulsar la desescalada también implica una serie de sobrecostes para las empresas.

Por ejemplo, el documento de trabajo promueve el uso de mascarillas, la instalación de dispensadores de hidrogel en grandes intercambiadores, controlar el aforo, bloquear la primera fila de asientos, instalar mamparas de protección, limitar el pago en efectivo, elaborar planes específicos de limpieza y desinfección diarios y marcar la distancia de seguridad en los vehículos.

Dentro de la medidas para limitar de acceso a las redes de transporte, además de escalar los horarios de entrada al trabajo y colegio, el Ministerio propone establece un sistema de reserva previa de franja horaria, que deberán estar reforzados por personal de seguridad. Dicha medida supondrá un sobrecoste que todavía no está calculado.

Fondo de garantía

"El plan de desescalada va tener un impacto muy fuerte en las empresas y alguien va a tener que pagarlo", señalan fuentes del sector, que abren la puerta a que el Gobierno pague todas las plazas que no se pueden vender y que amplíe la dotación a los consorcios.

"Resulta necesario establecer un fondo a escala europea para financiar las obligaciones de servicio público que garantizan la movilidad universal de las personas", señala Rafael Barbadillo, presidente de Confebus en una carta remitida al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sólo para el transporte en autobús (urbano, periurbano e interurbano) harían falta unos 2.000 millones para evitar quiebras.

"Se prevé que los ingresos disminuyan entre un 80 y un 100% durante el confinamiento y a medida que se levantan las medidas, las perspectivas para las empresas de transporte en autobús siguen siendo sombrías debido a las normas de distanciamiento social, las restricciones a la movilidad y el miedo a viajar", apunta Barbadillo en la misiva en la que pide que se siga dando "prioridad al transporte colectivo de viajeros estableciendo medidas adecuadas de protección de la salud.

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Llevarlos llenos hasta el techo, sería más caro.

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