El Gobierno prepara una ampliación de los certificados energéticos que afectará a 1,5 millones de inmuebles anualmente, con un coste de 60 a 150 millones de euros. Los propietarios deberán obtener el certificado siempre que vendan o alquilen -aunque ya tuvieran uno en vigor-, cuando acometan una reforma relevante, o si los inmuebles tienen más de 500 metros cuadrados y determinados usos, tal que comercios, oficinas o restaurantes. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su preceptivo informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), para trasponer normativa europea -la Directiva 2018/844-, yendo más allá con sus exigencias en algunos aspectos.
Tal y como publicó elEconomista, la futura norma crea un registro administrativo centralizado con los informes de evaluación energética de los edificios, condiciona la recepción de las ayudas a la obtención de ahorros constatables con una mejora de la calificación, prevé revisar en dos años quiénes pueden expedir la certificación, ahora limitado a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos...
La principal novedad del decreto para los consumidores son los nuevos criterios para que los inmuebles dispongan del certificado de eficiencia energética, ámbito en el que es más exigente que la norma europea que traspone: hasta ahora, sólo tienen que obtener el certificado los inmuebles en venta o alquiler y los de la Administración mayores de 150 metros cuadrados y frecuentados por el público, pero cuando entre en vigor, tendrán que obtenerlo todos los inmuebles que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, con independencia de que ya tuvieran un certificado en vigor.
El certificado también será obligatorio para los edificios que tengan que someterse a la Inspección Técnica periódica y para los que acometan reformas que modifiquen las instalaciones térmicas, que intervengan en más de un 25% de la envolvente térmica final o que incrementen más de un 10% su superficie o volumen construido.
Inmuebles de más de 500 metros
Finalmente, lo deberán obtener los inmuebles con más de 500 metros cuadrados que se dediquen a usos públicos y privados administrativos, sanitarios, comerciales o docentes, entre otros, lo que afectará a oficinas, mercados, restaurantes… Además, se elimina la excepción de obtener el certificado a los edificios utilizados ocasionalmente y a las segundas residencias.
La CNMC señala que con estos nuevos criterios aproximadamente un millón y medio de inmuebles tendrá que obtener el certificado cada año: unos 35.000 edificios que realicen reformas o ampliaciones, otras 528.415 viviendas que se vendan o alquilen -incluyendo los segundos domicilios y las viviendas vacías- y 1.006.344 inmuebles de más de 500 metros cuadrados destinadas a los usos públicos y privados.
El Regulador advierte de que esta ampliación implica un incremento de las cargas administrativas de 9,63 millones anuales y recomienda al Miteco que justifique las razones de la ampliación de los criterios "desde la óptica del principio de proporcionalidad", atendiendo a las nuevas obligaciones que impone a los propietarios.
Obtener un certificado energético cuesta de 40 a 100 euros, dependiendo del desplazamiento que tenga que hacer el técnico competente hasta el inmueble a certificar, de modo que, en conjunto, los costes se incrementarán de 60 a 150 millones de euros. Por otro lado, esta visita, al objeto de evitar fraudes, pasará a ser obligatoria -al menos una vez- y deberá realizarse durante el mes previo a la emisión de certificado.
Las sanciones por incumplimiento, por otro lado, oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.
El sector de la edificación en España supone algo más del 30% en el consumo de energía final, del cual el 18,5% correspondía al sector de la edificación residencial y un 12,5% al sector no residencial (comercio, servicios y Administraciones Públicas). El parque inmobiliario es el responsable además de, aproximadamente, el 36% de todas las emisiones de CO2 de la UE.
