Hasta la fecha, los grandes países han anunciado paquetes de estímulo para sus economías por un importe agregado de 5,97 billones de euros. De esta estratosférica cantidad, únicamente un 11%, unos 775.000 millones, beneficia a sectores económicos que provocan un impacto ambiental relevante, como el transporte o la energía, de un modo positivo o negativo para la sostenibilidad. España está aplicando un sistema equilibrado, con políticas verdes y marrones.
La empresa consultora británica Vivid Economics acaba de publicar un informe que valora el impacto sobre el medio ambiente de los paquetes de estímulo económico de 11 de los mayores países del mundo -Australia, Canadá, China, Japón, España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Corea del Sur- para recuperarse de la crisis que está provocando el Covid-19 y el Gran Confinamiento.
Según los datos publicados por el FMI, la OCDE, la universidad de Oxford y otras fuentes, en los últimos dos meses esas 11 potencias han aprobado planes para regar sus economías con 6,47 billones de dólares -unos 5,9 billones de euros al tipo de cambio actual-, con subsidios de desempleo, aplazamiento de diversos pagos, impuestos y obligaciones, préstamos blandos, subvenciones y otras medidas de apoyo transversal y coyuntural.
El país más generoso hasta la fecha ha sido EEUU, con 2,2 billones de dólares, seguido por Alemania y China, y el más contenido, Italia, que sólo ha contribuido con 27.000 millones de dólares, superada por Corea del Sur y Australia. España ocupa la cuarta posición por la cola, con los 117.000 millones de euros anunciados por Sánchez a mediados de marzo.
De esas cantidades, el 11%, unos 840.000 millones de dólares -alrededor de 775.000 millones de euros- están destinados a sectores productivos con un impacto ambiental significativo, considerando la agricultura, la industria, el transporte, la energía y el tratamiento de residuos. El resto es para las citadas medidas coyunturales transversales o recalan en sectores neutros, como la sanidad.
A partir de ahí, Vivid Economics ha elaborado un Índice del Estímulo Verde que tiene en cuenta tres criterios: la magnitud de los fondos destinados, la orientación verde previa de esos sectores en los distintos países, y los esfuerzos de los gobiernos para dirigir los estímulos hacia un modelo más o menos sostenible.
Planes de ayuda inflados
Mateo Salazar, coautor del informe, explica a elEconomista la dificultad para recabar los datos, porque algunos países, como Italia, han hecho sucesivos anuncios de planes vinculados a fondos que en realidad se nutren de medidas previas o se solapan entre sí para obtener mayores cifras -y mayores titulares de prensa- que no reflejan verazmente el tamaño de sus paquetes de ayuda.
Salazar también explica que en su Índice pesa mucho la estructura previa de las economías, como su dependencia de la generación eléctrica con carbón, porque, lógicamente, las ayudas se destinan al tejido productivo existente. También tiene relevancia la orientación de los Gobiernos hacia políticas de sostenibilidad y sus previsiones de desarrollo en el futuro.
En consecuencia, los dos peores países son EEUU y China, con 500 y 400 puntos negativos, reflejando una gran contribución marrón a la sostenibilidad, seguidos por Corea del Sur, con unos 200 puntos marrones, casi a la par de Canadá. El informe destaca el caso de EEUU, porque el Gobierno de DonaldTrump está usando el rescate para alejar aún más al país de una senda de crecimiento sostenible.
Pero del resto de países, únicamente en tres, España, Reino Unido y Francia, los actuales rescates tienen una relevante contribución verde; incluso la ecologista Alemania sale mal parada en el análisis, porque, a pesar de sus buenas políticas subyacentes, no tiene una acción clara para asegurar que el estímulo apoye la sostenibilidad de su recuperación.
España aparece equilibrada en sus planes de estímulo, con 50 puntos marrones y 40 verdes, debido a sus políticas subyacentes "relativamente buenas" -como el Plan de clima y energía-, pero considerando que hay sectores de gran impacto ambiental que corren el riesgo de ser reforzados.
