La Comunidad de Madrid estrecha el cerco sobre Cabify para que deje de repartir paquetes con su flota de VTC. Tras varios avisos, la Consejería de Transportes ha abierto un expediente sancionados por falta muy grave a la empresa Prestige and Limousine, la filial con la que la plataforma realiza el servicio de envíos desde la semana pasada, después de que Cabify Envíos fuera vetado.
"Se constata que se trata de una empresa que no está habilitada para el transporte de mercancías y que el servicio se presta con vehículos turismo, que no están acondicionados para la realización de este tipo de actividad. La sanción puede oscilar entre 4.001 y 6.000 euros", señala la Consejería que dirige Ángel Garrido en un comunicado.
"Se constata que se trata de una empresa que no está habilitada para el transporte de mercancías y que el servicio se presta con vehículos turismo"
El departamento ha abierto este expediente sancionador después de que la filial no "atendiera el requerimiento" en el que se le solicitaba que, de forma inmediata, "dejara de prestar el servicio denominado Envíos by PyL y eliminara cualquier alusión al mismo en la página web de Cabify". Así, la Consejería recuerda que no obedecer se "considera una falta muy grave".
Pese a los requerimientos, el servicio de Envíos by PyL sigue operativo y la compañía defiende su legalidad por lo que ha anunciado que va a formular "alegaciones frente al Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador con el fin de que se proceda al archivo del mismo por carecer éste de fundamento legal, dejando claro que no hay base que justifique la imposición de sanciones".
El servicio de Envíos by PyL sigue operativo y la compañía defiende su legalidad
Tras varios avisos y amenaza de multa, la plataforma que dirige Mariano Silveyra acató la semana pasada la orden de la Comunidad de Madrid de dejar de intermediar en el servicio de paquetería Cabify Envíos y de eliminar la publicidad de este negocio en su web. Pero, lejos de abandonar el reparto de mercancías, la compañía decidió mantener la actividad operativa a través de una de las sociedades del grupo creando Envíos PyL. Es decir, el mismo negocio pero con distinto nombre ya que se seguían utilizando vehículos con licencia de VTC, que no pueden realizar el transporte de mercancías.
"Según los datos del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, la empresa Prestige and Limousine es titular de autorizaciones de transporte VTC, es decir, que está habilitada para realizar transporte de viajeros pero no de mercancías", recuerda la Consejería que dirige Garrido.
"Prestige and Limousine es titular de autorizaciones de transporte VTC, es decir, que está habilitada para realizar transporte de viajeros pero no de mercancías"
Y es que, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres sólo contempla el transporte de mercancías en vehículos construidos y acondicionados a tal fin, mientras que los turismos están "especialmente concebidos y construidos para el transporte de personas", matiza la Comunidad de Madrid, que ha sido la única que ha atendido con rapidez a las denuncias realizadas por el sector del taxi, como la asociación Fedetaxi. Según fuentes conocedoras del caso, también se ha recurrido el servicio de Cabify ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero no se ha pronunciado hasta la fecha.
Cabify puso en marcha un negocio de paquetería para diversificar sus fuentes de ingresos en una ciudad sin apenas pasajeros que desplazar y en la que, sin embargo, no para de crecer el comercio online y las entregas a domicilio. La plataforma, que tiene más de 2.000 licencias de VTC a través de distintas sociedades, se ha visto obligada a dejar aparcada su flota y aplicar un ERTE en la plantilla de algunas firmas, como Vector Ronda, ante el desplome de la demanda de pasajeros, que se empezó a notar a principios de marzo y que prácticamente ha desaparecido.
En este punto, la plataforma de movilidad sigue defendiendo que el servicio de paquetería Cabify Envíos es "totalmente legal" pero optaron por acatar el primer requerimiento de la Comunidad de Madrid y cambiar la estructura de operación porque no es el momento de abrir una batalla legal.
