El rechazo a los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por causa de fuerza mayor de las empresas proveedoras de la hostelería -un sector cerrado desde hace un mes- amenaza con arrastrar a muchas de esas distribuidoras a la suspensión de pagos ante la imposibilidad de hacer frente a las nóminas y cotizaciones sociales y tener a todos sus clientes sin actividad por una orden gubernativa.
Tal como explican fuentes del sector, la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) identifica a estas compañías dentro de la industria alimentaria, por lo que, en teoría, pertenecen a una actividad esencial. El problema de fondo es que de un día para otro todos sus clientes han tenido que cerrar sus puertas por la hibernación decretada a causa de la pandemia de coronavirus, por lo que no tienen a quien vender.
Tal como explican los expertos jurídicos consultados por elEconomista, el estar estas empresas suministradoras de alimentos catalogadas como un servicio esencial no es incompatible con sufrir una situación de fuerza mayor a causa de los cierres de cafeterías, bares y restaurantes decretados por el Gobierno para frenar los contagios de Covid-19. "No se puede reconstruir en unos días una cartera de clientes", aducen las mismas fuentes.
"Tenemos 40 empleados en plantilla y como nos han rechazado el ERTE nos hemos quedado en una situación muy complicada", aseguran en una de estas empresas, proveedora de frutas para los restaurantes y que prefiere mantener el anonimato.
"Estamos intentando vender el producto online al consumidor final, pero es insostenible mantener con eso a todos los trabajadores", dicen.
Otra de las empresas que ha denunciado a este diario su situación relata cómo de sus 1.200 clientes, sólo siete permanecen activos por no dedicarse a la hostelería, lo que implica que, al ver su ERTE de fuerza mayor rechazado, debe seguir abonando las nóminas de 40 comerciales y repartidores inactivos sine die.
Su único recurso es instar un ERTE por causas económicas, que –según los gestores administrativos– puede demorarse hasta seis meses.
El despido está vedado durante la emergencia, pero son muchas las empresas que no pueden desarrollar su actividad ya que no venden productos alimenticios destinados al consumidor final y que requieren un tratamiento por el dueño del establecimiento hostelero.
Situación insostenible
La situación es insostenible no sólo para el empleador, sino para los propios trabajadores, explican los juristas, ya que estos pueden verse abocados a no cobrar ni por desempleo, ni por ERTE, ni por despido, ante una eventual suspensión de pagos y posterior quiebra y liquidación de la empresa.
Como explica el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles, "la situación es endiablada, puesto que deben presentar un ERTE por causas organizativas, de producción, técnicas o causas económicas, pero en ninguno de los dos tendría las bonificaciones a la cuota patronal del 100 o del 75%, a la que podría optar si fuera de fuerza mayor. Así, se discrimina a empresas que, igualmente afectadas por el estado de alarma, no han sido incluidas entre las beneficiarias de ayudas, como todas las que en exclusiva son la cadena de suministros de las directamente afectadas".
El resultado es que estas compañías verán postergadas sus solicitudes de ERTE, dado el aluvión de ajustes temporales de plantilla por fuerza mayor, que ya afectan a cuatro millones de trabajadores, con lo que no dispondrán de ayudas y pueden encontrarse tanto sin liquidez para afrontar las nóminas como sin una solución que les permita hibernar, abocándolas el cierre o a mantenerse en una situación irregular de impago de salarios. "Las normas aprobadas que en principio parecen adecuadas para los sectores directamente afectados, se deberían haber hecho extensivas a las cadenas de suministro exclusivas directamente afectadas", concluye Robles.
El caso de Makro
Una de las mayores empresas que hay en España en la distribución para la hostelería es Makro, que presentó un ERTE para 3.600 trabajadores por causa de fuerza mayor que no ha podido llevar a cabo, por lo que se ha visto obligado a reducciones de jornada, según explican fuentes próximas a la empresa.
A la espera de poder tramitar un segundo ERTE, en Makro explican que "dada la situación generada por la Covid-19, hemos solicitado a las autoridades la posibilidad de abrir al consumidor final, temporalmente y de manera excepcional, para ayudar a garantizar el abastecimiento y poner a disposición de la sociedad nuestros espacios y surtido de productos de alimentación".
Según la firma -con 37 centros distribuidos por todo el territorio nacional-, "si se aprueba esta medida podrían contribuir a este objetivo, como ya ha sucedido en otros países en los que opera nuestra compañía como Portugal, Austria y Países Bajos".
De forma habitual, estos centros se dedicaban principalmente a la venta a profesionales de hostelería, pero ante el cierre de estos establecimientos el grupo está buscando la fórmula adecuada para poder seguir vendiendo.
