Las cuatro grandes asociaciones europeas del motor piden a la Comisión Europea "algún ajuste" a la entrada en vigor de la normativa comunitaria en materia de seguridad vial, cambio climático y protección del medio ambiente -sujetas a sanciones por incumplimiento-, por el cierre de las fábricas que ha provocado la crisis del coronavirus.
Las patronales europeas de los fabricantes de vehículos (ACEA, por sus siglas en inglés), de la industria auxiliar del automóvil (CLEPA), de los fabricantes de neumáticos (ETRMA) y de distribuidores y talleres de reparación (CECRA), han remitido una carta a la Comisión Europea exponiendo que el cierre de las fábricas está dando al traste con sus planes para cumplir la citada normativa comunitaria.
La misiva apunta que como resultado del cierre de las factorías "no se produce ningún trabajo de producción, desarrollo, pruebas y homologación", de modo que "esto altera nuestros planes para prepararnos y cumplir con los plazos previstos en la normativa comunitaria existente y futura".
A continuación, la carta señala que "creemos que se necesitaría algún ajuste en el calendario de aplicación de estas leyes" y aclara que "no es nuestra intención cuestionar las leyes como tales ni los objetivos destacados de seguridad vial, mitigación del cambio climático y protección del medio ambiente".
Sin embargo, la ONG Transport & Environment sí ha interpretado que los lobbys de la industria han redoblado sus ataques contra los límites de emisiones de CO2 que les impone la normativa comunitaria, porque este 2020 los turismos que vendan deben emitir, en conjunto, menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Si superan ese nivel, Bruselas impondrá multas que, a grandes rasgos, asciende a 95 euros por cada uno de los gramos que supere ese límite, multiplicado por el número de unidades vendidas, lo que arroja unas cifras millonarias.
ACEA, no obstante, ha replicado a la ONG por Twitter, especificando que en la carta de las asociaciones "no hay un llamamiento explícito para nada relacionado con el CO2 o la seguridad". Ciertamente, no indica si pide aplazar las fechas límite, implantar una moratoria a las sanciones, revisar los requisitos... La epístola está exquisitamente abierta y las asociaciones puntualizan que una vez cese la pandemia, las empresas se brindan para trabajar conjuntamente "sobre todo para que la sociedad retome la transformación gemela de digitalización y descarbonización con toda su fuerza".
Anfac: asunto exclusivamente europeo
Anfac, la patronal española de los fabricantes de vehículos de motor y miembro de Acea, rehúsa comentar la misiva y señala a elEconomista que la carta de las entidades europeas es un asunto exclusivamente comunitario: "nosotros no nos hemos movido un ápice de nuestros objetivos ambientales, y ahora trabajamos en la reanudación de nuestra actividad productiva".
Anfac: "nosotros no nos hemos movido un ápice de nuestros objetivos ambientales, y ahora trabajamos en la reanudación de nuestra actividad productiva"
La industria española, al igual que el resto de la europea, tendrá dificultades para cumplir la normativa, porque los conductores siguen demandando todoterrenos (los llamados SUV, siglas inglesas de Sport Utility Vehicle), muy voluminosos y pesados, y, por lo tanto, con un importante consumo de combustible y un elevado nivel de emisiones.
Desde el momento en que el límite de emisiones se aplica a toda la flota, los fabricantes confían en las ventas de vehículos eléctricos para lograrlo, pero éstos deberían ser el 5% de las ventas totales en la UE, algo harto complejo: en 2019 apenas llegaron al 0,9% en España.
De acuerdo con los datos de la agencia tributaria, los turismos que se matricularon en España el año pasado sumaron una media de 118 gramos de CO2 por kilómetro, un gramo más que en 2018. Entre las grandes marcas, atendiendo a sus ventas, sólo cumpliría la normativa Toyota (94 gramos), a la que le seguirían en el escalafón -aunque incumpliendo- Citroën (107 gramos) y Peugeot (111 gramos).
Seguridad vial: reto tecnológico
Pero la carta hace referencia a otro asunto muy importante, la seguridad vial; en este ámbito hay varias medidas que entran en vigor próximamente, como la obligación de que todos los vehículos eléctricos hagan un poco de ruido a partir del 1 de julio de 2021, pero, sobre todo, la revisión del Reglamento General de Seguridad Vial, aprobado el pasado 27 de noviembre.
El Reglamento, que será obligatorio en todos los estados miembros sin necesidad de trasposición a sus respectivos ordenamientos internos, impone medidas como un asistente de velocidad inteligente -que regularía la velocidad del vehículo con datos del GPS-, un mecanismo de detección del alcohol que impide arrancar en caso de que el conductor supere los límites legales, medidores automáticos de la presión de los neumáticos, los primeros requisitos para vehículos autónomos…
La norma, aún pendiente de publicar en el Boletín Oficial de la UE, obliga a introducir potentes sistemas avanzados de seguridad en los vehículos nuevos, aprovechando tecnologías punteras, tal que sensores a bordo, cámaras, GPS… Y ello exige disponer de unas instalaciones que actualmente están cerradas y sin fecha clara de reapertura.
La mayoría de las medidas deben aplicarse 30 meses después de su entrada en vigor para los automóviles nuevos (se espera para mediados de 2022) y 54 meses para los matriculados, es decir, hacia el ecuador de 2024. Además, Bruselas puede introducir modificaciones si publica los cambios al menos 15 meses antes de que entren en vigor.
