Sareb está buscando la fórmula que le permita liquidar su cartera de una forma más ágil sin que eso le lleve a entrar en causa de disolución.
Según apuntan distintas fuentes del sector a elEconomista, entre las vías que están analizando los accionistas de las sociedad, participada al 45% por el FROB y al 55% por bancos sanos y otras empresas, se encontraría la de realizar un nuevo cambio en su normativa de contabilidad, que le permita quedarse sin recursos propios, sin que ello suponga causa de disolución para la compañía.
Las mismas fuentes apuntan que estas inquietudes sobre el futuro del conocido como banco malo se están tratando ya con los accionistas públicos y privados y podrían trasladarse a las autoridades para ponerse en marcha.
Una modificación de este estilo en la normativa de Sareb permitiría que la sociedad pudiera acelerar la venta de sus activos siempre que reciba ofertas a precios de mercado
La petición de una normativa excepcional para Sareb no sería algo totalmente novedoso, ya que en 2008 tras el estallido de la crisis, se promulgó la ley 10/2008 para evitar que las inmobiliarias incurriesen en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. Esta norma excepcional se prorrogó hasta finales de 2014 y lo que permitía es que no se computasen en las cuentas anuales las pérdidas por deterioro de activos derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias.
Una modificación de este estilo en la normativa de Sareb permitiría que la sociedad pudiera acelerar la venta de sus activos siempre que reciba ofertas a precios de mercado sin tener en cuenta el valor al que adquirió esos inmuebles y si eso genera minusvalías. La sociedad, que se creó para quedarse con el crédito promotor y los inmuebles de las cajas de ahorros rescatadas nació con unos fondos propios de 4.800 millones, de los que 3.600 eran deuda subordinada.
La compañía que preside Jaime Echegoyen cerró el 2018 con unas pérdidas de 878 millones y con un patrimonio neto contable negativo de 5.135 millones de euros, según el último informe disponible de auditoría. En este documento se puntualiza que la compañía no se encuentra en causa de disolución ya que no se computan 1.221 millones en pérdidas latentes por un derivado sobre tipos de interés, ni 5.092 millones en correcciones de valor de activos financieros, gracias a un decreto ley que impulsó en 2016 el entonces Ministro de Economía Luis de Guindos.
Gracias a ese decreto, el patrimonio neto es positivo por 1.177 millones. Sin embargo, la propia Sareb alerta en su memoria que "puede ver consumidos sus fondos propios, en el medio plazo". Cuando llegue ese momento, la sociedad podría convertir deuda subordinada, ya que todavía dispone en esa línea de unos 1.500 millones de euros. Tras explotar esa vía, Sareb apunta en la memoria que "se valorarán medidas complementarias o alternativas". Según explica la compañía a este medio, "si se descarta que los accionistas tengan que inyectar más capital".
El problema en Sareb es el "sobreprecio que se pagó en el momento de la adquisición de los activos". Así lo reconoció hace un año Echegoyen a la par que avisó de que la compañía frenaría su actividad de venta de grandes carteras de deuda puesto que este tipo de desinversiones dejaron de ser rentables para Sareb, ya que los fondos, principales compradores de este tipo de portfolios, demandan unos descuentos que la sociedad no está dispuesta a asumir.
Esta situación en la que se pueden generar minusvalías por la venta de los activos se está dando en una parte importante de la cartera y en todo tipo de productos, como suelos o activos terminados, por lo que la actividad de desinversión de la compañía se ve cada vez más limitada.
De este modo, con una nueva normativa que respalde su actividad como empresa liquidadora, Sareb podría llevar a cabo con mayor agilidad su labor de desinvertir los activos tóxicos que heredó de la banca.
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