El Juzgado Mercantil 1 de Badajoz ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial que cuestiona el reparto de gastos hipotecarios que decidió el Tribunal del Supremo en enero de 2019 e incluye además por primera vez la tasación y también el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).
Pese a que Europa se pronuncie en un futuro al respecto, esta cuestión afecta a las hipotecas firmadas antes de la nueva ley de crédito inmobiliario, que entró en vigor en junio, y que establece que todos los gastos hipotecarios, a excepción de la tasación de la vivienda, corran a cargo de las entidades. Asimismo, la ley establece que el banco asuma el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), mientras que el cliente soporta el IVA en caso de vivienda nueva o el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, si el inmueble es de segunda mano.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, dictó en enero del año pasado varias sentencias creando doctrina sobre la distribución de los gastos hipotecarios, fijando que los gastos de notariales y de gestoría de la constitución de la hipoteca se debían repartir a la mitad entre la entidad financiera y el cliente. Además, señaló que la cuantía por inscribir la hipoteca en el registro la debía asumir el banco, mientras que la cancelación, el cliente.
La juez de Badajoz cuestiona si la declaración de nulidad por abusiva de una cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario puede ser moderada en cuanto a sus efectos restitutorios tras su declaración de nulidad por abusiva. Por el mismo motivo se pregunta si deben distribuirse por mitad los gastos de notaría y gestoría o si deben imponerse igualmente al prestatario los gastos de tasación del inmueble y el impuesto que grava la constitución de la hipoteca.
Adicae, que interpuso la demanda colectiva en el Juzgado, asegura que los clientes pueden recuperar una media de 1.000 euros.
