El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Función Pública para su remisión al Parlamento y tramitación como Proyecto de Ley. El texto sustituirá a la actual ley, que data de 1985, y aúna en una sola norma todas las materias relativas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía. Entre las medidas contempladas está el que los funcionarios sean evaluados: una evaluación positiva supondrá "complementos retributivos por desempeño", y una negativa la obligación de formarse y, si persiste, penalizaciones. «Se penaliza la mala praxis cuando no se preste el servicio de manera adecuada», ha llegado a explicar en rueda de prensa el Consejero de Función Pública, José Antonio Nieto.
Los jefes también serán sometidos a examen. Para los trabajadores públicos que ostentan puestos directivos se crea un régimen jurídico y retributivo "con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto".
La evaluación del desempeño del personal de la Administración se prevé a través "de un procedimiento de evaluación transparente, objetivo, fiable e imparcial", asegura la administración. El objetivo es incentivar y reconocer el trabajo productivo teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación. Los complementos retributivos por desempeño se sumarán a los correspondientes de carrera profesional, nivel competencial y puesto.
En el caso de la evaluación negativa, se deberá llevar a cabo un programa de formación específica. En caso de que se repita de forma consecutiva, limitará la evaluación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación persiste, se resolverá de forma reglamentaria.
Consenso
El Gobierno ha informado en un comunicado que el Anteproyecto de Ley ha sido elaborado y consensuado con los sindicatos de la Administración pública andaluza y cuenta con todos los informes preceptivos favorables. Entre sus directrices está la apuesta por reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo.
Entre las principales novedades destaca la potestad de modificar y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la Administración de la Junta de Andalucía recae sobre el titular de Función Pública en lugar de en el Consejo de Gobierno como hasta ahora.
Potestades administrativas
La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos (funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual), así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario, una cuestión especialmente relevante.
Otra de las novedades importantes es la regulación de la dirección pública profesional de forma que se establece un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia, para lo que se creará una comisión independiente.
Teletrabajo y desconexión digital
Se regula el teletrabajo, que se extendió durante la pandemia del COVID. Con esta Ley, se incorpora la posibilidad de teletrabajar, cuando el puesto lo permita, reconociendo además la necesaria desconexión digital. Todo ello como parte de las medidas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad entre los empleados públicos.
Otro aspecto importante, que no estaba regulado en la anterior Ley, es la formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber.
Carrera profesional
Para atraer y retener el talento profesional a la Función Pública, la norma incluye una de las demandas históricas de los funcionarios: la carrera profesional. El personal funcionario de carrera e interino (el personal laboral tiene regulado los procedimientos en los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores) tendrá oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo gracias a la percepción de este nuevo concepto retributivo. Para ello se va a establecer un sistema de tramos en función de los resultados obtenidos al ser evaluados.
El Anteproyecto de Ley de Función Pública también pretende adecuar el tipo de prueba a superar con el desempeño de las funciones a desarrollar en los puestos de trabajo convocados. Asimismo, se establecen procedimientos que permitan agilizar la provisión de puestos, como por ejemplo una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución.
Comisión
El texto normativo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento también recoge la creación de dos nuevos órganos: una Comisión de Coordinación del Empleo Público en Andalucía, que actuará como órgano técnico de consulta, asesoramiento para la coordinación de la política de empleo de todas las administraciones públicas de la comunidad; y un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal que busca unificar criterios y reducir la judicialización de estos asuntos.
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