Valladolid
La despoblación también está teniendo efectos colaterales en la representatividad política de la denominada España vaciada. Desde 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España, la sangría demográfica ha hecho que las provincias menos habitadas hayan perdido 22 diputados en la Cámara Baja en favor de las más pobladas.
La brecha entre el mundo rural y el mundo urbano también se hace sentir en el mapa político. La voz de las provincias que sufren de forma lenta pero imparable la pérdida de población cada vez tiene menos intensidad en las instituciones políticas españolas. No sólo en las Cortes Generales, también en los parlamentos regionales pierden representatividad.
Nuestro sistema electoral pondera la población como uno de los dos factores que determinan la representación política de cada una de las 52 circunscripciones en que se reparte España y que coinciden con las provincias y Ceuta y Melilla.
El primero es un número fijo que atribuye a cada circunscripción dos escaños mínimos de representación en la Cámara Baja, a excepción de las ciudades autónomas, que cuentan con uno.
Para repartir el resto, es decir 248 escaños, se utiliza el criterio demográfico. Esa distribución se establece tras dividir la cifra total de la población de derecho de nuestro país entre el número de escaños a repartir (248). El número que resulta es lo que se llama la cuota de reparto. A cada provincia le corresponden tantos diputados como números enteros resulten al dividir su población por esa cuota. Los diputados sobrantes se asignan a las provincias cuyo cociente en la división tiene una fracción decimal mayor.
El ejemplo de Madrid
Para ejemplificarlo podemos utilizar el caso de Madrid. A fecha 1 de enero de 2018 la población de derecho española era de 46.733038 habitantes. Dividiendo esa cifra por 248, la cuota de reparto se situó en 188.439.
Dividiendo la población de Madrid, 6.576.000 habitantes entre la cuota de reparto, saldría 34,4. Es decir 34 diputados a sumar a los dos fijos. Los diputados que tras el primer reparto no quedan distribuidos se van asignado a las provincias que mayor cuota decimal ha correspondido.
Este sistema de reparto, recogido en la Ley Electoral, trataba en teoría de "beneficiar" a las provincias como menos población al garantizarles dos diputados fijos, aunque, al final, ha contribuido a una pérdida de representatividad, probablemente porque los legisladores no imaginaron la magnitud de los movimientos demográficos que iba a sufrir nuestro país una vez culminado la gran época del éxodo rural hacia las ciudades registrado en la década de los 60.
El resultado de la sangría poblacional es que a lo largo de nuestra historia democrática, las provincias de interior han ido perdiendo representatividad en la Congreso de los Diputados. Desde 1977, fecha de las elecciones constituyentes, un total de 22 escaños han pasado de las provincias más pequeñas a aquellas que han ido engordando el padrón.
Madrid ha sido la circunscripción más beneficiada por los cambios demográficos derivados del cada vez mayor espíritu urbanita de los españoles. Esta circunscripción ha ganado desde 1977 cinco diputados al pasar de los 32 de los primeras comicios legislativos españoles a los 37 de las recientes elecciones de 28 de abril.
Málaga y Alicante: 3 escaños más
Las otras provincias que más se han beneficiado del "trasvase" de diputados tienen como denominador común la fortaleza de su sector turístico, con gran capacidad de generar empleo. Así, Málaga y Alicante, con tres escaños más, o Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas, con dos más, son un buen ejemplo de las consecuencias que los cambios en el censo tiene en la política. En el lado opuesto, Asturias o las provincias de Comunidades como Castilla y León, Extremadura o Galicia son algunos de los territorios cedentes.
El periodista y escritor Sergio del Molino, autor del libro "La España vacía" (2016. Editorial Turner) califica de "paradójicos" los efectos de la despoblación en el mapa político. "Por un lado, La España vaciada gana representatividad pero por otro la pierde". Y explica que "conforme se van reduciendo los diputados en las provincias y cuesta menos obtener uno, parece que hay una representación muy grande, que puede llegar al caso extremo, como en Soria, en los que esa relación entre los votos necesarios es de seis a uno en comparación con Madrid".
Votos que no van a ningún lado
Sin embargo, "en realidad, eso es una trampa porque cuanto más mayoritario es el sistema hay una mayor parte porcentual de la población de esa provincia que no tiene ningún tipo de representación. Si, por ejemplo, en el caso de Madrid sólo quedan sin asignación de escaños en torno al 3 por ciento de los votos, en el caso de las provincias con menos diputados puede ser por encima del 30 por ciento. Son votos que no van a ningún lado".
En consecuencia, "aunque es verdad que los escaños en esas provincias requieren muy poquito esfuerzo, con lo que parece que acumulan mucho poder, en realidad se hace a costa de sacrificar la representatividad y la pluralidad. Las sociedades de las provincias pequeñas no están igual de representadas que las urbanas y eso es un déficit grande en un sistema como el español que se supone que es representativo".
Reforma de la ley electoral
En su opinión para corregir ese desequilibrio, habría que reformar la Ley Electoral. Una opción es hacer una circunscripción única o circunscripciones autonómicas. La otra, "muy impopular", sería ampliar el número de escaños. "Tenemos un número muy cortito, 350 frente a casi el doble de la Asamblea Nacional francesa. Cuantos más diputados tengamos más representativo es el sistema. El mayor problema del nuestro es trasladar a 350 diputados toda la diversidad de la sociedad española y por eso se producen esas enormes disfunciones entre las mayorías parlamentarias y los porcentajes de voto. La solución pasa por ampliar pero a ver quién es el guapo que se atreve a hacerlo", advierte.
La despoblación no sólo ha restado presencia a las provincias que pierden más población a nivel estatal. El avance del desierto demográfico también está reduciendo su capacidad política para reclamar medidas que repueblen pueblos y ciudades en las cámaras autonómicas y amenazan el frágil equilibrio territorial en algunas comunidades.
El caso más paradigmático es Castilla y León, la Comunidad que más acusa la sangría poblacional. En la cita electoral del próximo 26 de mayo, las Cortes regionales perderán tres procuradores (diputados) al pasar de los 84 actuales a 81. Es el nivel más bajo de su historia autonómica, que tenía el suelo más bajo en 1982 con 82 representantes.
En el caso de esta Comunidad, la atribución de escaños es diferente a la nacional. A cada provincia se le asigna un mínimo de tres procuradores. A esos se añade uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. La caída de la población les costará a un escaño a León, Segovia y Salamanca el próximo domingo.
En Aragón, aunque, al igual que a nivel nacional, hay un número fijo de diputados, las provincias que pierden población también pierden presencia en la Cámara encargada de elaborar las leyes.
Menos presencia de Teruel
Teruel, una de las dos provincias que ha capitalizado la movilización de la denominada "España vaciada", elegirá 13 diputados autonómicos, uno menos que en 2015 después de que en esta legislatura su población haya caído en 4.360 habitantes. Ese escaño irá a parar a Zaragoza, que agrandará su distancia con 36 representantes, mientras Huesca mantiene los 18 actuales.
Las alarmas por esta situación ya se han disparado. El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, promueve una reforma electoral "que priorice la fórmula que posibilite un equilibrio político y territorial en la organización institucional de la comunidad".
Gracia reconocía el pasado mes de marzo su "preocupación por esa brecha que cada vez crece más entre Zaragoza capital y el resto del territorio aragonés. Queremos que se reflexione para que haya un cierto equilibrio y que no se pierdan más voces del medio rural".
El escritor y periodista Sergio del Molino reconoce que aunque la "brecha" de representatividad también se produce en los parlamentos autonómicos "es mucho menos grave porque son muchos más representativos que el Congreso al contar con muchos más escaños. No es algo preocupante".
En este sentido, no ve que esos desequilibrios puedan aumentar la desafección hacia las estructuras autonómicas en aquellos casos en los que ha habido alguna oposición a pertenecer a ella, como es el caso de León. "No creo que exista ese peligro de disgregación o que se vayan a crear grandes desequilibrios porque existen las diputaciones y en las cámaras regionales siguen teniendo una presencia fuerte".
Consulte aquí el Especial Elecciones 26-M.
