Llegan las elecciones municipales y los alcaldes de España buscan argumentos para presumir de buena gestión, nada nuevo respecto a otras campañas. Sin embargo, resulta curioso ver una gran cantidad de alcaldes alardeando en corrillos, redes sociales y actos de haber reducido la deuda de sus pueblos/ciudades, incluso partidos que tradicionalmente han criticado la consecución de superávits (por ser supuestamente el resultado de una política fiscal austera) ahora sacan pecho de una reducción del endeudamiento sin precedentes. Esta 'victoria' a la que se apuntan cientos de alcaldes tiene un solo padre: la regla de gasto aprobada en 2012 dentro de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en la tan criticada reforma del artículo 135 de la Constitución.
Esta regla impide que las administraciones puedan incrementar su gasto por encima del crecimiento del PIB de España a medio plazo, lo que limita sobremanera la capacidad de gasto de las corporaciones locales (ayuntamientos), cuyos recursos dependen en gran medida de las transferencias corrientes y de capital del Estado y las Comunidades Autónomas (comparten con los municipios una parte de los impuestos que gestionan). Sin ir más lejos, en 2018 las entidades locales han presentado un superávit de 6.292 millones de euros, el 0,52% del PIB de España, frente al déficit de la Administración Central, las CCAA y la Seguridad Social.
Una deuda cada vez menor
Gracias a este superávit y a los que se llevan sucediendo desde 2012, los municipios de España están reduciendo su deuda, al contrario de lo que sucede con la Administración Central y las CCAA. Un buen ejemplo de ello es Madrid, cuyo endeudamiento comenzó a reducirse entre 2012 y 2013 (con Ana Botella como alcaldesa), una tendencia que ha continuado hasta hoy (con Manuela Carmena). La deuda ha disminuido en más de un 64%, desde los 7.733 millones de euros de 2012 hasta los 2.762 millones de hoy, según datos del Banco de España. Según los últimos datos de la Airef, la deuda de Madrid supone un 49% de los ingresos corrientes de la ciudad.
Otro ejemplo es Barcelona, que en 2012 tenía una deuda de 1.178 millones de euros y hoy debe 837 millones, una reducción del 29%. El consistorio catalán partía de un nivel mucho más bajo que el de Madrid, lo que ha permitido a Ada Colau y su equipo dejar el ratio de deuda sobre ingresos corrientes en el 30%, uno de los más bajos de las grandes ciudades de España.
En el lado opuesto se encuentra Zaragoza, que a pesar de haber incumplido la regla de gasto durante varios años comenzó a reducir su deuda en 2015 tras la aprobación de un plan económico-financiero (PEF) para cumplir con la regla de gasto. Desde 2015, la deuda ha pasado de 1.069 millones a los 855 millones de cierre en 2018, lo que deja a Zaragoza con la ciudad grande más endeudada de España con un ratio de deuda sobre ingresos corrientes del 97%.
Los alumnos más aventajados son Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao, con un ratio de deuda sobre ingresos corrientes cercana al 0%, según la Airef. Los datos absolutos del Banco de España muestran que Bilbao tiene una deuda de 4 millones de euros mientras que Las Palmas de Gran Canaria tiene deuda cero.
En 2013 comienza el proceso
La gran mayoría de los ayuntamientos de España comenzaron a reducir su deuda a partir de 2013, momento en el que se comenzó a aplicar la regla de gasto dentro de la LOEPSF. Algunos consistorios siguieron incumpliendo esta regla durante algún tiempo, pero la propia LOEPSF establece que los ayuntamientos incumplidores deberán someterse a un plan económico-financiero en el que se incluyan las medidas de ajuste. Además, en ciertos casos estos planes deben ser remitidos al Ministerio de Hacienda para su aprobación definitiva y su posterior seguimiento. Un buen ejemplo fue la disputa entre Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y Manuela Carmena por el presupuesto de la capital de España.
Gracias estas férreas medidas de control, las entidades locales han pasado de tener una deuda que representaba el 4,2% del PIB de España en 2012 al 2,1% actual. Todo lo contrario ha sucedido con la Administración Central y las Comunidades Autónomas, cuyos pasivos se encuentran cerca de sus máximos.
