Tras la celebración de las elecciones generales del pasado 28 de abril y la constatable victoria del PSOE, el juego de alianzas y la eventual formación de Gobierno pondrán sobre la mesa de las negociaciones algunos elementos de importancia crucial para el futuro del sistema público de pensiones, como es el asunto de la fiscalidad del ahorro. Y más concretamente, el relativo a los planes e instrumentos de ahorro privado e individuales.
En este sentido, una alianza de los socialistas junto con Unidas Podemos (UP) pondría en riesgo el futuro desempeño del sector de los planes de pensiones individuales, que en nuestro país mueven, según los últimos datos trimestrales publicados por Inverco, hasta 75.048 millones de euros, cifra registrada a cierre de marzo de 2019 y que supone una cifra un 3,5% mayor que el pasado año.
El elemento de riesgo para este patrimonio es en términos de producción normativa y parte de dos premisas. La primera es que el resultado de las generales y las posturas expuestas públicamente por los líderes de los partidos de cara a los eventuales pactos de gobierno o investidura sitúan dos escenarios como los más probables. En el primero de ellos, los partidos del bloque de izquierda -incluidos UP y las fuerzas independentistas- se abstendrían para facilitar un Gobierno en solitario del PSOE, que buscase posteriormente las alianzas específicas para sacar adelante el programa político.
En el segundo escenario, en el que el PSOE no gobernaría en solitario -y descartado el pacto entre los socialistas y Ciudadanos por parte de Albert Rivera- la alianza con mayor posibilidad de fructificar sería con la formación de Pablo Iglesias que pudiese sumar al resto de fuerzas del espectro de izquierda bien por la vía del apoyo directo o mediante una abstención.
Refuerzo de los ingresos
En este punto, entra en juego la segunda premisa, que plantea un riesgo para esos más de 75.000 millones de euros de patrimonio en planes de pensiones privados. En su programa electoral, la formación morada aboga por "fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social". Así, aparte de la creación de empleo y, por tanto, el alza progresiva de las cotizaciones, la formación de Pablo Iglesias pide revisar el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, "que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3.000 millones cada año. Una propuesta en la línea de ahondar en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social ya puesta sobre la mesa de las negociaciones del Pacto de Toledo con un alto grado de aceptación por parte del resto de fuerzas políticas.
Pero ahí no queda todo: "Eliminaremos los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados", sentencia el documento aludiendo de forma clara a la retirada de cualquier tipo de incentivo para el ahorro a largo plazo.
Una postura que, sin embargo, ya mantuvo Unidas Podemos en el Pacto de Toledo. La formación de Pablo Iglesias rechazó la ampliación de incentivos a los planes privados como pedían PP y Ciudadanos y mostró reservas sobre el impulso de los planes de ahorro colectivos de empresa al considerar como una condición sine qua non la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 por laminar los salarios.
Esta última, más allá, fue la propuesta que más consenso obtuvo entre los partidos, ya que partía de una idea de replicar a nivel nacional el modelo colectivo de previsión social complementaria del País Vasco, y que parecía haberse encaminado al acuerdo total, incluida la prerrogativa exigida por UP de que estos ahorros fuesen gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, este fue otro de los puntos que saltó por los aires el día de la ruptura en el Pacto de Toledo.
En este punto, más allá, los socialistas serían el contrapeso de las extremas intenciones de UP, toda vez que durante las negociaciones del Pacto de Toledo mantuvieron una posición equidistante en lo relativo a la recomendación 16 correspondiente a los sistemas complementarios de ahorro, centrándose en la extensión de los planes de pensiones de empresa, pero sin abogar decididamente por mayores ventajas fiscales a la contratación de instrumentos individuales, y rechazando también acabar con ellas de pleno, ya que supondría un impacto de inciertas consecuencias en el sector asegurador.
"La Comisión subraya la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro", señala el borrador al que ha tenido acceso elEconomista.
