A solo un mes de las elecciones generales del 28-A. En vísperas de la cita electoral, el Gobierno sigue anunciado medidas económicas de gran calado. Las últimas prebendas del Gobierno socialista recaerán sobre el delicado mercado de trabajo español. Concretamente, son dos los últimos acicates electoralistas que impulsará el Ejecutivo en los próximos Consejo de Ministros restantes hasta perder su poder legislativo y entrar en funciones después de los comicios: el conocido como Plan Reincorpora-T de apoyo a los parados de larga duración y la oferta pública de empleo que será una de las mayores de la historia llegando a convocar 31.000 plazas.
Ambas medidas tienen dos características en común. Por un lado, carecen de consenso entre los agentes sociales por la premura de las actuaciones del Gobierno para sacar adelante medidas complacientes y, por otro lado, esto podría hacer que la planificación no sea lo suficientemente óptima generando situaciones contrarias al objetivo de las medidas propuestas. Pero a parte del cuadro de improvisación por parte del Ejecutivo, cabe recordar que este solo ha logrado en las últimas semanas activar ciertas partidas de gasto, un 15% de las que tenía previsto llevar a cabo, si bien no ha logrado sacar adelante ninguna de las propuestas para incrementar los ingresos públicos, como la creación de un tipo mínimo del impuesto sobre sociedades del 15% condición sine qua non para que ello no acarree un fuerte repunte de déficit del Estado o implementar un incremento progresivo del gravamen sobre las rentas del trabajo, condición sine qua non para que estas propuestos no acarreen un fuerte repunte del déficit.
En este sentido, la potencialidad de la última de las propuestas del Gobierno, el Plan Reincorpora-T, se disipa desde tres frentes: por un lado el elevado coste de la medida, de 2.500 millones en tres años, por otro lado está la concurrencia de elementos contradictorios en el plan y, por último, las falta de una reserva de Presupuesto, que deja la medida como papel mojado ante un eventual cambio de Gobierno al no ir acompañada de una dotación específica. De hecho, el elemento medular del plan, la ampliación a los 52 años del subsidio a parados de larga duración ya estaba aprobado en Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo asumiendo casi la mitad del gasto de este proyecto, unos 1.196 millones de euros. Caso similar al de las bonificaciones en la cuota empresarial para la contratación de parados de larga duración mayores de 45 años con exenciones que llegan a los 1.300 euros para los hombres y 1.500 para las mujeres. Dos medidas que, por otro lado, al estar incluidas en diversos reales decretos ley están pendientes de ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, y que de no salir adelante, dejaría el puzzle del plan de contra el paro de larga duración sin sus dos fichas fundamentales.
Además, cabe recordar que fuentes cercanas a la negociación tripartita aseguraron a este diario que la medida carece de asiento económico y que será competencia de las comunidades autónomas. "No hay reserva presupuestaria", afirman en referencia a palabras de los responsables del Ministerio de Trabajo. Por ello, que algunos agentes sindicales califiquen la medida de "insuficiente" y sin profundidad sobre las dinámicas del mercado laboral que se pretende modificar.
Sombra de contraproducencia
Sin embargo, el talón de Aquiles de este plan es que en su conjunto resulta contraproducente ya que por un lado incentiva a los parados de larga duración a buscar empleo, pero por otro lado desincentiva la actividad de los desempleados. Es el caso de lo que ocurre con el subsidio para mayores del 52 años, que como señalan fuentes sindicales "puede ser un freno para buscar trabajo" más aún después de que este se hiciera extensivo hasta la jubilación y cotizase a la Seguridad Social para la pensión por lo que podría en caso de personas con un ingreso de renta extraordinario desincentivar su vuelta al mercado. A pesar de que el Plan tiene por objetivo lo opuesto.
Por su parte, también el sindicato CSIF ha puesto en tela de juicio la aprobación de la oferta pública de empleo de 31.000 puestos ya que "no crea empleo" neto, toda vez que hay 31.801 empleados públicos de la Administración General del Estado tienen más de 60 años y que, de ellos, 3.494 tienen más de 64 años, es decir, que están cerca de la jubilación, por lo que las nuevas plazas tendrían un carácter meramente repositorio.