Nueva votación histórica en el Parlamento británico tras el segundo rechazo al Brexit de la premier Theresa May y de descartar una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Hoy los diputados están convocados para dar autorización al Gobierno a solicitar una extensión del artículo 50, algo que se da por descontado, pero que no soluciona el caos político de Reino Unido ni elimina el riesgo de que termine con una salida abrupta. Sobre el papel hay dos opciones: May pide una extensión corta que implica antes tener que aprobar su plan o una extensión larga que pasa por Reino Unido presentándose a las elecciones europeas.
A estas alturas del Brexit, lo único claro es que el embrollo político pasa por un aplazamiento de la salida de Reino Unido, pero no está claro qué condiciones implicará. El primer paso lo tendrá que dar la primera ministra Theresa May pidiendo al Consejo Europeo una extensión que incluirá la duración y la motivación. Algo que desde Bruselas han defendido como una condición sine qua non para conceder la prórroga a Londres, a pesar de que tienen tendida la mano para que suceda, tal como ha dicho hoy el propio Donald Tusk, presidente del Consejo.
El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, sin embargo, puso en duda la víspera la conveniencia de retrasar la salida de Reino Unido si lo que pretende la parte británica es renegociar un acuerdo de divorcio que el bloque da por cerrado y se niega a reabrir.
El 20 de marzo aparece como un nuevo deadline para que el parlamento británico transite hacia una extensión corta o larga. El Gobierno de May intentará la próxima semana someter a votación por tercera vez su acuerdo ante lo que supondría inevitablemente alargar el Brexit durante meses o años.
La petición británica de extensión debe ser aprobada por unanimidad por el resto de países de la Unión Europea, algo que en principio no supondrá ningún problema demostrado el bloque sin fisuras que está siendo el bloque comunitario. Desde Downing Street se maneja dos escenarios. Una extensión corta, que a estas alturas ya es necesaria, para permitir aprobar la legislación nacional y asegurar la ratificación del acuerdo de salida, lo que pasaría por aprobarse el acuerdo de May, que ya ha sido rechazado por amplía mayoría en dos ocasiones.
Y el segundo incluye una extensión larga, en el que no habría acuerdo aprobado en Londres para ser presentado en la cumbre europea de la próxima semana y en el que se requerirá más tiempo para que Reino Unido encuentre un consenso.
El Gobierno de May ha admitido que con este panorama Reino Unido tendrá que participar en las elecciones al Parlamento Europeo, y por extensión a seguir participando en los presupuestos europeos.
"Si el Reino Unido solicitara una extensión más allá del 1 de julio seguirá siendo miembro de la UE y tendría que participar en las elecciones", explica el Gobierno en una nota aclaratoria sobre los parámetros de la extensión del Artículo 50. Hasta ahora este punto no quería ser reconocido por las facciones duras pro Brexit, ni por el propio Gobierno, pero el Gobierno admite que si no participan en la elecciones se incumpliría el Tratado de Lisboa y se negaría el derecho a los ciudadanos británicos de tener representación en el Parlamento Europeo.
Esta perspectiva supone un duro golpe para el imaginario colectivo del Brexit, una vez aprobado, y un arma de presión para Theresa May ofreciendo su acuerdo como una alternativa para no concurrir a las elecciones.
