A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas el real decreto-ley (RDL) de medidas urgentes de vivienda- tras una ardua negociación parlamentaria-, el Gobierno mantiene el espíritu de emprender más medidas en este campo que permitan incrementar la disponibilidad de viviendas para el alquiler.
Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha considerado que "son imprescindibles medidas para incentivar la oferta de alquiler", así como un "un mercado profesional de alquiler". Indicó que el Ministerio de Fomento está trabajando en esta dirección, aunque no aclaró si se refería al citado RDL o a algún nuevo conjunto de medidas que pueda ser aprobado antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Hay que recordar que, finalmente, el decreto no incluyó la propuesta para aquellos arrendadores que pongan un precio de alquiler a sus viviendas por debajo de la media de su área geográfica recibieran una bonificación de hasta el 80% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) ni otras medidas para incentivar el alquiler que. Con todo, sí recoge que los ayuntamientos puedan aplicar bonificaciones del IBI de hasta el 95% para las viviendas protegidas.
Además, durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, De la Cueva, ha defendido "la intervención de los poderes públicos" para proteger y dar más seguridad jurídica a los inquilinos, objetivo y contenido precisamente del RDL- con contratos más blindados, más garantías y nuevas obligaciones para los desahucios- que todavía se tiene que convalidar y que incluye un índice de precios que permitirá conocer, de forma pública y transparente, el coste de los alquileres por zonas geográficas.
No habrá nuevas medidas
Sin embargo, a pesar de lo expresado por la secretaria de Estado de Economía, desde el Ministerio de Fomento indican a elElconomista que no habrá nuevas medidas en esta dirección, al menos no antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Desde el departamento que dirige José Luis Ábalos precisan que el Gobierno ya ha planteado varias iniciativas para ampliar el parque de viviendas públicos, entre ellas la construcción de 20.000 pisos para este fin (con precios limitados) en los próximos años. Además, recuerdan que las competencias de lo que puede hacer el Estado en este campo son muy "limitadas" respecto a las que tienen las comunidades autónomas.
Control del déficit
Por otro lado, De la Cueva ha reconocido que es posible que el déficit de 2019 se dispare hasta el 2,4% ante la ausencia de unos Presupuestos aprobados, que de no haberse rechazado en las Cortes habrían permitido adoptar medidas de control fiscal. En este sentido, espera que la subida de las cotizaciones aprobada en diciembre - el destope de las máximas más el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros - sumada al control de costes, que se aplicará particularmente en el Tesoro y en el campo de deuda, permita frenar el déficit.
Sin embargo, la secretaria de Estado no ha hecho alusión al impacto que en el déficit que pueden tener las medidas sociales hasta ahora adoptadas por el Gobierno, que suman un gasto con cargo a 2019 de más de 5.100 millones.
Respecto al impacto del alza del SMI en la economía, ha indicado que las primeras evidencias "no son negativas" y espera que a la largo plazo sea "positivo".
Productividad laboral, clave
En materia del futuro económico de España, ha hecho énfasis en que es necesario abordar medidas para gestionar "el bajo crecimiento de la productividad laboral y del PIB potencial", así como la tasa de paro y la deuda pública, cuestiones que si no se abordan pueden suponer un "desequilibrio para la sostenibilidad del crecimiento".
De la Cueva ha recalcado que es necesario que la Unión Europea "avance hacia una unidad fiscal con vocación de unión política" y, ante la guerra comercial emprendida por países como Estados Unidos, ha considerado que "las medidas proteccionistas no benefician a nadie".
