El veto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha tenido dos consecuencias: la prórroga presupuestaria, que limita la capacidad de acción económica de las Administraciones Públicas, y el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril de este año, comicios que van a tener un efecto apocalíptico en el déficit.
A pesar de que el Gobierno ha avisado de que serán necesarios ajustes adicionales para cuadrar el déficit, que se disparará hasta el 2,4% del PIB, las promesas electorales que están protagonizando en la precampaña solo pueden conducir a que el déficit se acerque al temido 3%, línea roja establecida por Bruselas para este indicador.
Esto en un contexto en el que la propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda, reconoció que a día de hoy el déficit estará por encima de lo previsto en 13.000 millones de euros. A pesar de ello, el Ejecutivo ya ha anunciado que aprobará nuevas medidas de gasto social antes de elecciones. Se trata del subsidio para parados mayores de 52 años, las cotizaciones de cuidadoras no profesionales de dependientes con cargo a las Administraciones Públicas y la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas.
El coste estimado de estas medidas es de 323 millones, 315 millones y 300 millones, respectivamente. Es decir, que supondrán un gasto adicional total para el Estado de 938 millones. Y otras más como estas podrían llegar. Varios ministerios han pedido vía libre para rescatar medidas recogidas en los Presupuestos a través de reales decretos ley, como el incremento de las becas escolares - por valor de 150 millones - o la supresión del copago farmacéutico a jubilados y familias de rentas bajas - que supondría que las arcas públicas dejaran de ingresar unos 320 millones -. Todas medidas con un claro cariz preelectoral. Sin embargo, será Hacienda el departamento que decida qué se resucita y qué no, como adelantó elEconomista.
Mientras, por el lado popular, Pablo Casado, presidente del PP, apuesta en sus promesas electorales con una masiva bajada de impuestos que poco tiene que ver con la disciplina fiscal que ha venido preconizando la formación cuando ha estado en la oposición.
"Una revolución fiscal", bajando "todos los impuestos"
"Vamos a parar lo que iba a ser la futura recesión de España", anunció Casado, con "una revolución fiscal" y bajando "todos los impuestos". En concreto, "nada más llegar". Aseguró que bajará el tramo más alto del IRPF por debajo del 40%, el impuesto sobre Sociedades por debajo del 20% y suprimirá los tasas sobre sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados, y todo ello de manera inmediata., si gana elecciones.
Los ingresos que restan todas estas iniciativas se compensarían con el aumento ya previsto de 20.000 millones en la recaudación tributaria, sumado a la simplificación de tramos, la ampliación de bases imponibles y la afloración de economía sumergida.
Mucho trabajo y regulación que desarrollar con escaso margen para ello, según indican fuentes fiscales, que alertan del peligro que puede tener limitar los ingresos del Estado en una senda de reducción de déficit, que corre serio riesgo de no cumplirse si se aplicaran las políticas citadas.
Con todo, ya sea el Gobierno de izquierdas o derechas no se espera advertencia alguna de Europa... este año. España saldrá del brazo corrector de la Comisión Europea este año, lo cual da margen de acción nuevo gobierno al menos hasta 2020, cuando Bruselas dará el primer toque por disfunciones relacionadas con el déficit.
¿Políticas sin efecto?
En cualquier caso, cabe la posibilidad de que ninguna de estas políticas tenga impacto en 2019. Eso es lo que piensa Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. "Estamos hablando de unos supuestos, unas medidas políticas, que difícilmente van a poder aplicarse a lo largo de este año, por lo que van a tener escasa incidencia en la economía, que no va a tener tiempo de reaccionar a lo que se haga", indica.
En este sentido, el economista considera que "el ritmo del crecimiento de la economía se va a mantener, va a ser el mismo". Es decir, que por lo pronto considera que el PIB nacional mantendrá el incremento del 2,2% pronosticado por el Gobierno, dentro de la desaceleración económica imperante en Europa.
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