No será finalmente este martes cuando el Gobierno dará cuenta a través de la aprobación de un Real Decreto-Ley de las modificaciones que sufrirá la reforma laboral del PP de 2012, si bien desde fuentes de Moncloa aseguran a este diario que los trabajos para materializar la conocida como contrarreforma continúan vigentes y con más intensidad si cabe por el cada vez más estrecho margen que deja la convocatoria de las elecciones generales.
De hecho, esa fecha del 28-A es el límite que se ha fijado el Ejecutivo socialista para conseguir un acuerdo con la patronal CEOE, el lado más discrepante de la negociación tripartita que aborda los "elementos más nocivos" de la medida impulsada por el entonces Gobierno de Rajoy en tiempos de crisis. Entre estos elementos en cuestión estarían la recuperación de la ultraactividad de los convenios, la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la política de subcontrataciones y la posible implantación de un control de horarios de la jornada laboral.
Sin embargo, los contactos parecen no ser lo más fructíferos posible toda vez que, al menos desde la CEOE, han hecho públicas sus discrepancias sobre algunos de los elementos que están encima de la mesa. De hecho, la pasada semana, el presidente de la patronal mayoritaria expresó su "preocupación" por la medida concreta referida a la ultraactividad de los convenios, considerando que ata un ancla al pie del empresario en términos de renegociación del convenio en caso de una coyuntura económica negativa para la compañía.
Sin embargo, el propio Garamendi aseguró entonces que su organización no se levantaría de la mesa de negociación, mientras que los sindicatos también han situado sus consignas en la necesaria aprobación de esta contrarreforma, advirtiendo que, de otro modo, se verían obligados a salir a la calle contra el Ejecutivo.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró que sacaría esta contrarreforma antes de las elecciones, plazo en el que cuenta con hasta ocho semanas previa celebración del último Consejo de Ministros de la legislatura, el viernes 26 de abril, y a un día de la jornada de reflexión.
