Londres
La cesión de Theresa May para autorizar al Parlamento a demandar un retraso del Brexit ha dado resultado y la premier salió indemne de la sesión parlamentaria que estaba llamada a arrebatarle el control del proceso. Una vez más, la compra de tiempo evidencia ser su mejor baza política y el cuarto gran debate del divorcio celebrado en lo que va de año resultó el menos dramático. Los diputados dieron relativamente por buena la promesa de que podrán reclamar la extensión del artículo 50, si finalmente rechazan la revisión del acuerdo que se someterá a votación, como tarde, el 12 de marzo. Solo parte del ala dura eurófoba expresó su descontento.
Lo importante para May, no obstante, es que su claudicación a la desesperada le permitió neutralizar enmiendas que amenazaban con una nueva cadena de humillantes derrotas. A falta de plan, lo único que le quedaba a Westminster era anticipar estrategias en caso de rechazar el acuerdo en la segunda y supuestamente definitiva votación. La más novedosa, de hecho, fue la confirmación formal de que, ante una ruptura no pactada, el Gobierno británico amparará los derechos de los más de tres millones de ciudadanos comunitarios afincados en Reino Unido. No en vano, dado que la premier había trazado ya la hoja de ruta posterior a una potencial derrota el 12 de marzo, el debate derivó en una demanda de garantías de que, efectivamente, May testará la falta de apetito de Westminster por un divorcio no pactado y, a continuación, la aspiración de prorrogar la permanencia.
Como consecuencia, la gran cita de esta semana ha quedado, ante todo, como una gran obertura para el apoyo oficial del Laborismo a un segundo referéndum y la demostración del músculo del Parlamento para influir sobre el Ejecutivo. Jeremy Corbyn había anunciado que tras el rechazo oficial de su plan, planteado en el pleno del miércoles mediante una enmienda, su siguiente paso sería respaldar un nuevo plebiscito.
Asimismo, el debate ha mostrado una relativa suavización del núcleo duro conservador, ya que parte de sus cabecillas no consideran ya la eliminación de la salvaguarda irlandesa innegociable. El cambio semejaba inevitable, ya que, de tumbar el acuerdo, la dicotomía ya es entre una salida pactada, o caótica, puesto que el retraso del Brexit forma ya parte de la ecuación.
Con todo, habrá que ver la posición de los Veintisiete, cuya unanimidad es necesaria: Pedro Sánchez, y Angela Merkel evidenciaron que no se opondrían a la prórroga, frente a la retórica dura de Emmanuel Macron, quien advirtió de que solo la aceptaría si hay una "nueva elección" por parte de Reino Unido. Francia, dijo, "no aceptaría una extensión sin un objetivo claro".
