El Gobierno continúa la carrera contrarreloj para sacar adelante algunas medidas que afecten al mercado laboral antes de la celebración de elecciones generales el próximo 28 de abril, si bien la división entre los agentes sociales por los puntos a modificar, plasmada en la suspensión de la reunión tripartita convocada para el mediodía del martes, hace prever que este paquete de medidas no verá la luz hasta el anuncio extraordinario que realizará el Ministerio de Trabajo el próximo martes 5 de marzo, mismo día en que se disuelven las Cortes Generales.
"El Gobierno trabaja en un decreto ley para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, pero necesita verlo en la mesa de Diálogo Social y acordarlo con un número de grupos parlamentarios suficiente para poder convalidarlo", aseguró la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
Durante un desayuno informativo, la ministra subrayó que seguirá trabajando en la mesa de diálogo social en los próximos días para intentar "rescatar lo debatido en el Congreso" y "ver si hay margen para llevar un decreto ley a convalidar a la diputación permanente" en el que se retoquen los aspectos "nocivos" de la reforma laboral, aunque para ello necesita "una garantía de que se va a aprobar".
Concretamente, el Gobierno se reunió con la patronal CEOE y los sindicatos para poner encima de la mesa un borrador que incluía los puntos fundamentales de la denominada contrarreforma laboral, y que incluía la recuperación de la utraactividad de los convenios, la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la modificación de la política de subcontrataciones y la aplicación de un control de la jornada laboral.
Sin embargo, ante la falta de consenso entre los agentes sociales en torno al documento que maneja Trabajo, llevó a la parte pública a suspender la reunión, que más bien tenía visos de hacer saltar por los aires los puentes tendidos para la consecución de ciertas modificaciones que afecten al mercado de trabajo español.
De este modo, ante la premura del Gobierno socialista para hacer realidad algunas de las demandas de los agentes sociales, principalmente los sindicatos, antes de la celebración de elecciones se prevé que este mismo viernes sí que se apruebe un paquete de partidas de gasto social, que habrá de ser convalidado, no obstante, una vez que se disuelvan las Cortes.
Recuperan los Presupuestos
Entre estas modificaciones estaría la recuperación de la subvención a los parados de larga duración mayores de 52 años y la cotización con cargo al Estado de las cuidadoras no profesionales de dependientes, concretamente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ambas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales, con un coste aproximado de 638 millones de euros para las dos partidas.
También se encontrarían en este mismo decreto las iniciativas para combatir la brecha salarial de género en las empresas con la obligación de publicar un registro con los salarios medios de cada trabajador en función del sexo y de su nivel y rango profesional, además de ampliar la obligatoriedad de articular un plan de igualdad a aquellas compañías que cuenten con una plantilla superior a 50 empleados.
Del mismo modo, se espera que salga adelante la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas de manera inmediata, y una ampliación progresiva hasta las 16 semanas para 2021, y que tendría un coste aproximado de 300 millones de euros. Y se incluirá una ayuda de hasta 588 euros por hijo o menor a cargo al año a las familias en riesgo de pobreza severa.
Todas estas medidas, tendrían un coste aproximado para las arcas públicas de 1.000 millones de euros, y no incluirían las correspondientes a la contrarreforma laboral. Y tampoco hay noticias sobre un eventual decreto que recogiese las medidas para reformar el sistema de pensiones.
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