La Comunidad de Madrid ha reactivado el plan para uberizar el taxi en plena guerra por el futuro del sector. La huelga indefinida, que ya suma trece días, las protestas en la Puerta del Sol y la imposibilidad de llegar a un acuerdo para modificar la ley 20/1998 sin propiciar el "exterminio" de las VTC, ha llevado al Ejecutivo que preside Ángel Garrido a cerrar la puerta a regular la actividad de Uber y Cabify en la capital o, lo que es lo mismo, a desarrollar el decreto Ábalos, y a apostar por dotar de nuevas herramientas al gremio para competir en la precontratación con la aprobación de medidas como el taxi compartido o la tarifa fija, que llevan negociándose años y se han guardado varias veces en los cajones.
"En este momento estamos absolutamente abocados a que esto se legisle en el Parlamento. Lo que quedó claro de la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es que esto es de alcance nacional por lo que se necesita una normativa única para toda España", defendió el viernes Garrido tras rechazar la segunda propuesta presentada por los taxistas para modificar la ley de transporte terrestre de la Comunidad.
Y es que, pese a que el texto presentado por las cinco asociaciones del gremio (Élite, Caracol, Antaxi, Gremial y AMT) elimina parcialmente una de las líneas rojas marcadas por el Gobierno de la Comunidad, la precontratación temporal, recoge que ésta sea definida y fijada por el Ayuntamiento de Madrid. Así, Garrido ha aseverado que tampoco le sirve "la vía Carmena" para solucionar el conflicto. "Si el sector pretende conseguir la contratación previa de las VTC por la vía Colau o por la vía Carmena, la Comunidad no lo va a aceptar", sentenció antes de recordar que no aprobará nada que no reciba el visto bueno de los dos sectores o que suponga la salida de Uber y Cabify de Madrid. "lo de Cataluña ha sido un desastre y Madrid no va a contribuir ni al desastre ni a la confusión", sentenció Garrido. Una condición que hace pensar que la posibilidad de llegar a un acuerdo está más lejos que nunca.
Así, mientras se plantea algún encuentro institucional para la semana que viene, el Ejecutivo regional ha contraatacado a la guerra del taxi con la reactivación de los planes para aprobar el decreto que Fedetaxi lleva tramitándose toda la legislatura y que se quedó paralizado cuando Cristina Cifuentes dimitió en abril de 2018 como presidenta por el escándalo del máster de la Juan Carlos I y el hurto de las cremas antiarrugas en un Eroski. No en vano, Cifuentes se comprometió a que estuviera aprobado antes de 2019. Un compromiso que quedó en el aire tras el cambio de presidente y el enfrentamiento abierto por parte del taxi.
Así, el plan de la Comunidad para contentar a una parte del taxi mientras se niega a desarrollar un decreto que su partido político rechazó en el Congreso es aprobar antes de marzo la modificación del Decreto 74/2005 por el que se desarrolló el reglamento autonómico del taxi y que está dentro de un capitulo de la ley 20/1998. El texto, que tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, lleva meses atascado después de que haya recibido el visto bueno del consejo jurídico de la Comunidad de Madrid. La fecha tope de para devolver el decreto, que ha tenido alguna salvedad, era el 9 de febrero y a partir de ahí, el plan del Ejecutivo es aprobarlo antes de las elecciones.
Tal y como se ha apuntado, el decreto busca habilitar a los taxis a ofrecer un precio máximo cerrado a los usuarios que soliciten el servicio a través de una aplicación como My Taxi. Con esta medida se busca que el gremio pueda tener más capacidad para competir con Uber y Cabify en el sector de la precontratación ya que uno de los servicios que más valoran los usuarios de las plataformas es conocer el precio del trayecto antes de contratarlo y así poder comparar con otras opciones de movilidad. Actualmente, las app del taxi, que no están para nada muy extendidas, solo ofrecen tarifas orientativas. La otra medida estrella es el taxi compartido, es decir, la posibilidad de que cada usuario del vehículo pueda pagar por su plaza o coger el vehículo ya ocupado a mitad de trayecto. El taxi busca que tipo de servicio sea prohibido por ley para las VTC.
El decreto también incluye que las Sociedades Limitadas (SL) puedan ser propietarias de licencias de taxi, tal y como ha quedado establecido en varias sentencias judiciales. Actualmente las licencias son propiedad de autónomos, que pueden tener varias y contratar a conductores para que las exploten.
División en el taxi
La Comunidad de Madrid apuesta por acelerar la tramitación del Reglamento del Taxi y por ganar tiempo hasta que se clausure la Asamblea a finales de marzo por la convocatoria de elecciones mientras el sector del taxi pierde el apoyo de la calle y rompe su unidad. Las cinco asociaciones que conforman el Comité de Huelga llevan años tan enfrentadas que no han conseguido ponerse de acuerdo ni para sacar una aplicación única para el sector que les permita competir con fuerza en la precontratación con Uber y Cabify. Tampoco han conseguido aliarse para reclamar cambios legales ni para unificar la emisora de taxi, lo que implica que hay decenas con flotas de diverso tamaño.
Esta atomización de las herramientas de contratación telemática y telefónica del taxi, resta competitividad y eficiencia al sector puesto que el riesgo de fracaso a la hora de solicitar un servicio o de que tarde mucho en llegar aumenta conforme menos oferta disponible hay. En este caso de las VTC esto no pasa porque solo hay dos aplicaciones que concentran a las más de 10.500 licencias que operan en los territorios donde estaban presentes hasta este viernes, cuando echaron el cierre en Barcelona. Para hacerse una idea, Mytaxi apenas tiene 5.000 taxis adscritos a su aplicación de los 40.000 que hay en España.
Las asociaciones han tratado de dejar de lado sus odios históricos para presentar en la lucha con las VTC y la Comunidad de Madrid una unidad que es más aparente que otra cosa y ya se está empezando a resquebrajar. Por ejemplo, la semana pasada, ante el cerrazón del Ejecutivo de Garrido a negociar con el taxi, un asesor de Élite Taxi escribió un mensaje de Whatsapp en el que criticaba abiertamente la estrategia legal de las demás asociaciones y censuraba la actuación e ideas de sus abogados. El mensaje, en el que echa la culpa al resto de las asociaciones de haber entrado en un callejón sin salida en la negociación, aboga por dar al Ayuntamiento la mayor peso y critica que sus compañeros van a las negociaciones sin haberse leído los textos de la Comunidad y el Ayuntamiento. Por su parte, las asociaciones se empiezan a quejar de la actitud de uno de los líderes, Julio Sanz, al que acusan de guardar en secreto las propuestas y presentarlas sin haber consensuado las últimas versiones con todos los representantes. Pero la tensión no sólo se vive en la cúpula de las asociaciones, donde la propuesta de que el límite temporal lo pudiera imponer el Gobierno en una ley estatal también generó tiranteces.
El decano de la radio del taxi, Pablo Soriano, que presenta Horas del Taxi, fue un ejemplo del divorcio que se está viviendo entre los líderes y los taxistas de a pie. El periodista hizo un llamamiento a las asociaciones para que encontraran una salida al conflicto y les recordó que "la huelga no es el fin" si no el medio para conseguir mejoras. En este punto, también abogó por la necesidad de ceder y asumir que no se va a conseguir todo lo que se pretende. Y es que, tras casi quince días de huelga, el sector empieza a estar cansado de una situación que no tiene una salida clara.
A esta tensión interna se suma la desafección de la calle. Los madrileños no están apoyando las protestas del gremio mientras las críticas a la desaparición de Uber y Cabify en Barcelona crecen tanto en la Ciudad Condal como en Madrid, donde no quieren vivir la misma suerte. Así, el comentario que más se escucha es que el tráfico en la capital es más fluido que nunca debido a que los taxis no están horas y horas circulando, muchas de ellas en vacío. Según datos del Ayuntamiento, el tráfico en la horas valle ha caído hasta un 11,5%.
