Con retraso y escasas expectativas de cumplimiento, el Consejo de Ministros aprobó este viernes dos proyectos de ley con los que el Gobierno tiene la esperanza de recaudar unos 2.050 millones de euros en 2019, tal y como figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado: los nuevos impuestos sobre las transacciones digitales y sobre servicios digitales, más conocidos como tasa Tobin y tasa Google respectivamente. Sin embargo, estos ingresos son irrealizables y casi imposibles, habida cuenta de que, en el mejor de los casos, ambos tributos estarían activos a partir de septiembre u octubre. Es decir, que, como mucho, se recogerían unos 510 millones.
La causa de esta situación se encuentra en el retraso que acumula el desarrollo de ambos tributos. Aunque el Gobierno esperaba aprobar los correspondientes proyectos de ley en noviembre o diciembre, finalmente han acabado recibiendo luz verde más tarde incluso que los Presupuestos. La tramitación parlamentaria durará, al menos, unos seis meses y, una vez aprobados por los grupos políticos, todavía tardarán unos tres meses en empezar a aplicarse, según indica el texto de los propios impuestos.
Aun así, fuentes del Ministerio de Hacienda afirman que las expectativas de recaudación -1.200 millones por la tasa Google y 850 millones por la tasa Tobin- todavía se mantienen, a pesar del escaso plazo que ambos tributos van a estar activos 2019, añadiendo además que no se aplicarán retroactivamente. En cualquier caso afirman que, aunque no se cumplieran tan optimistas previsiones, "no va a haber un agujero en los ingresos". Esto será así gracias al adelanto contable de un mes de IVA previsto para el presente 2019, que permitirá al Estado contar con 2.500 millones más, aunque no será a través de un incremento de la recaudación.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celáa, recordó que la tasa Google tiene como objetivo "establecer un gravamen sobre acciones no gravadas de plataformas que trabajan de manera privilegiada sacando ventaja y en competencia desleal", como Airbnb o Uber. De hecho, aseguró que empresas como Zara o El Corte Inglés no se encuentran entre los objetivos de este impuesto.
Tasará con un 3% los ingresos obtenidos por cada operación de servicios de publicidad y de venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario en interfaces digitales. A pesar de que, en caso de ser aprobado, el gravamen solo estará activo en España, desde Hacienda aseguran que se han tomado medidas en el proyecto de ley para que no se puedan dar situaciones de doble tributación con otros países.
Solo tendrán que pagar este tributo las empresas cuya cifra neta de negocio sea superior a los 750 millones a nivel mundial y cuyos ingresos derivados por los susodichos servicios digitales superen los tres millones en España.
Como novedad, se ha incluido en el articulado que las prestaciones digitales que se hagan entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% queden exentas de la tasa Google.
No irá a pensiones
También ha habido novedades en la tasa Tobin. A pesar de que Celáa afirmó que los 850 millones que se espera recaudar con ella irían por entero a financiar pensiones y Seguridad Social, como se había dicho hasta ahora, Hacienda desmiente este extremo.
Según explican desde el departamento que dirige María Jesús Montero, ahora estos fondos irán directamente al Estado. "La Seguridad Social ya tiene el incremento de las bases máximas de cotización del 7% y la subida de la cotización de los autónomos, dos novedades respecto a lo que se había reflejado en el plan presupuestario" que se envió en la segunda mitad de 2018 a la Comisión Europea y que para el Ministerio representan "nuevos ingresos". Con todo, indican que si fuera necesario, podría haber una transferencia del Estado a la Seguridad Social a lo largo del año, como la de 850 millones que aparece en el proyecto de Presupuestos.
En cambio, el articulado del nuevo impuesto no cambia. De manera indirecta gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones. Se aplica ya en diez países de la UE y se ha diseñado tomando de referencia el modelo francés. El tributo afectará a la mitad de las empresas cotizadas españolas.
Ahora queda que ambos impuestos superen el trámite y la negociación parlamentario, algo que parece mucho más sencillo que en el caso del proyecto de Presupuestos. Mientras formaciones como Ciudadanos, PNV y ERC todavía se están pensando el sentido de su voto, el nacionalista PDeCAT dará su respaldo, siempre y cuando se acepten sus enmiendas.
Sin noticias del paquete de medidas contra el fraude
A pesar de que formaba parte del mismo paquete fiscal que la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin', el proyecto de ley con el conjunto de medidas contra el fraude no ha sido aprobado aún por el Consejo de Ministros, y todavía no hay fecha para ello. Fuentes del Ministerio de Hacienda indican a elEconomista que todavía están trabajando en el texto y haciendo cambios en él tras su paso por audiencia pública, aunque esperan que se le pueda dar luz verde cuanto antes. Su aprobación también resulta fundamental para alcanzar la previsión de ingresos de 2019 recogida en el proyecto de Presupuestos -unos 5.654 millones de euros-. El Gobierno de Pedro Sánchez espera recaudar unos 818 millones más gracias a la puesta en marcha de medidas como las iniciativas internacionales de lucha contra el fraude, reforzar la lista de morosos y limitar la lista de morosos.
