La aprobación del tributo sobre transacciones financieras ideado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá un efecto directo en los inversores que confían en las empresas cotizadas españolas. A la espera del articulado definitivo, la creación de esta tasa, previsiblemente, afectará a más de la mitad de las empresas cotizadas españolas y a sus accionistas, en el caso de que los intermediarios financieros trasladen el gravamen al cliente e incrementen las comisiones de intermediación en bolsa.
El Ministerio de Hacienda pretende dejar exentas de este impuesto a las cotizadas con una capitalización inferior a los 1.000 millones de euros a 1 de diciembre de 2018 -el anteproyecto establece que cada año se utilizará esa fecha para fijar las compañías sobre las que se aplicará el impuesto-, pero afecta a todas las grandes compañías españolas incluso cuando cotizan en otros mercados a través de ADR. Concretamente, el año pasado, 61 acciones y 60 empresas (Grifols cotiza dos tipos de títulos diferentes), superaron este valor.
Este número equivale aproximadamente a la mitad de las empresas cotizadas, pero cualitativamente la representatividad es mucho mayor, ya que la cifra aumenta hasta el 97% del valor total de las empresas españolas que cotizan en el parqué.
De acuerdo con el Anteproyecto de Ley, los intermediarios financieros tendrán que pagar una tasa del 0,2% sobre la operativa de compra y venta de las acciones de estas empresas. Aunque los accionistas de las cotizadas no son los obligados tributarios, es probable que este sobrecoste se traslade bien a los particulares que compran acciones; bien a los inversores institucionales que operan en nuestro mercado; repercutiendo en la rentabilidad final de su inversión.
Cuadrar los Presupuestos
Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez es importante sacar adelante este impuesto porque cuenta con él para cuadrar sus Presupuestos para 2019. De acuerdo con sus propias estimaciones, la nueva tasa generará 850 millones en ingresos el año que viene. Teniendo en cuenta la negociación media diaria del mercado, la recaudación anual podría rozar los 1.000 millones, que era el objetivo que el Ejecutivo manejaba para su tasa a la banca. No obstante, de salir adelante el tributo, este ejercicio la recaudación podría ser inferior. En la media en que se retrase la tramitación -puede alargarse hasta seis meses- las arcas del Estado perderán unos 88 millones cada mes, siempre que el volumen de negocio de la bolsa se mantiene. Al margen de la tasa se mantendrán las empresas con sede fuera de España que cotizan aquí: Airbus, Coca-Cola, Arcelor-Mittal, Amrest, IAG y Berkeley.
