El cambio en la fiscalidad de las socimis que ha incluido el Gobierno en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado no ha sentado nada bien entre estas firmas de inversión cotizadas que se dedican al arrendamiento de activos inmobiliarios. Concretamente, estas firmas están exentas de pagar el IRPF, pero se ven obligadas a distribuir mediante dividendo el 80% de su beneficio y a mantener los inmuebles en su cartera un periodo mínimo de tres años, entre otros requisitos.
Ahora el Gobierno propone aplicar una tasa del 15% sobre las ganancias que no se hayan repartido a los accionistas y aunque las grandes socimis, como Merlin, Colonial o Lar, no notarán impacto en sus cuentas, ya que distribuyen casi el 100% de sus beneficios, las firmas más pequeñas, que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil y que son ya 63, si sufrirán algunas consecuencias.
Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, la asociación que defiende los intereses de estos vehículos de inversión, cree que el tema debe tratarse con cautela ya que los PGE del Estado tienen que pasar todavía por el Congreso, pero advierte de que medidas como esta "que modifican la regulación vigente a mitad del partido crean inseguridad jurídica y generan incertidumbre este los inversores, tanto los nacionales como los internacionales". Según Basagoiti, "lo que van a conseguir con esto es que la mayoría de socimis reparta la totalidad de sus beneficios en dividendos y eso les va a quitar capacidad de invertir en capex para mejorar sus inmuebles y también capacidad de reinversión, por lo que cuando quieran crecer habrá que hacer ampliaciones de capital".
Pérdida de competencia
"Los países vecinos estarán muy contentos de que en España hagamos esto, ya que estamos facilitándole el camino a países como Portugal", señala el presidente de Asocimi.
"Todo lo que suponga crear incertidumbre nunca puede ser bueno para un vehículo inversor como son las socimis", explica Eugenio García, director del área fiscal de BDO, que asegura que este nuevo gravamen especial, como poco, va a sorprender y tiene el mismo nombre que el otro gravamen especial que se aplica en los socios que tienen participaciones significativas y que son residentes en una jurisdicción en la que los dividendos que reciben están exentos o tributan a un tipo menor del 10%".
"Explícale a un no residente que está invirtiendo en una socimi que hay un gravamen especial del 19 y otro del 15%. Lógicamente genera muchísima incertidumbre, ya que es algo que, en principio, no tenemos en los vehículos comparados de otros países, y por eso afecta a la competitividad de nuestras socimis a nivel internacional", asegura García.
El directivo cree que si se ponen trabas y se complica la vía de financiación de las socimis se va a perjudicar el éxito que han tenido en los últimos años.
"Nuestro mercado, aunque funciona muy bien a nivel europeo, no es un país prioritario a nivel internacional en cuanto a inversión en socimis, y a eso se suma que dificultamos su camino", esto llevará a los inversores y a las propias socimis a "buscar otros sitios donde van a tener una menor tributación y donde no se les va a estar persiguiendo", advierte García.
