Londres
El Gobierno británico espera que la intervención de la Unión Europea a 24 horas de la votación del acuerdo del Brexit y una supuesta trama del Parlamento para revertir siglos de convención constitucional contribuyan a minimizar la derrota prevista mañana. Aunque Theresa May mantiene el mantra de que es su propuesta o la "catástrofe" de una salida no pactada, Downing Street considera cualquier rechazo inferior a cien votos un éxito que permitiría a la primera ministra volver a Bruselas para arañar nuevas concesiones que cambien el resultado de una potencial segunda votación.
El problema es que sus expectativas podrían basarse en los principios equivocados. Un cada vez mayor contingente de diputados ha decidido que Westminster tome el control, una ambición más factible desde que el presidente de la Cámara de los Comunes confirmase su disposición a contribuir. John Bercow, quien apoyó la permanencia en el referéndum de 2016, desafió la semana pasada la convención sobre el funcionamiento del legislativo, aumentando no solo su influencia sobre el Brexit, sino sentando un precedente de impredecibles repercusiones para una democracia que carece de constitución escrita.
Como consecuencia, los parlamentarios no creen depender solo del Ejecutivo, por lo que cualquier concesión que May pueda traer del continente pierde trascendencia ante una cámara que presente hacerse con el mando del Brexit. Según The Sunday Times, una coalición de varios partidos estaría ya maquinando para asumir el control, mediante una enmienda al plan B que May está obligada a presentar, como tarde, el 21 de enero. Tecnicismos legislativos aparte, la idea pasa por promover una votación que otorgue al Parlamento prioridad sobre el Ejecutivo.
Hasta ahora, el Gobierno decidía qué se debatía y cuándo, por lo que, de triunfar, esta maniobra provocaría un vuelco que no solo podría dejar en manos de Westminster el destino de la ruptura con la UE, sino que podría complicar severamente la capacidad de gobernar. La intervención, con todo, tendría como meta exclusiva el Brexit y, puesto que estaría promovida fundamentalmente por partidarios de la permanencia en la UE, los mismos que quieren impedir, ante todo, una salida sin acuerdo, el Ejecutivo confía en que la alarma sea suficiente para garantizar que los eurófobos apoyan mañana la propuesta de May como el mal menor.
Downing Street ha alertado ya de las consecuencias de este escenario, si bien no son pocas las voces que se han preguntado si la filtración del complot no convendría a la maquinaria gubernamental, precisamente por permitirle, potencialmente, recabar votos del frente anti-UE. Sea real o no, si algo resulta evidente en el Reino Unido post-referéndum es que la brecha entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha ampliado a tal nivel que podría derivar en una crisis institucional sin precedentes.
No en vano, el actual Gobierno ha sufrido más derrotas en Westminster en el tiempo que lleva en el poder que muchos de sus predecesores juntos y la prevista este martes será especialmente significativa, no solo por las dimensiones del rechazo, sino porque sería la primera en tiempos de paz que afecta a un tratado internacional. De momento, en cualquier caso, el primer movimiento le corresponde a May y continúa siendo una incógnita. La única asunción que se puede prever a estas alturas es la imposibilidad de que una mandataria conocida por su exceso de prudencia acepte un desenlace tan devastador para Reino Unido como la salida sin acuerdo. Si mantiene que la dicotomía descansa entre la propuesta planteada, o el caos, es por una estrategia para aumentar la presión sobre el Parlamento, pero dados los análisis que su propio Gobierno, el Banco de Inglaterra e incontables expertos independientes han facilitado sobre los nefastos perjuicios de un divorcio no pactado, resulta más que lógico esperar que la premier tenga preparado un plan B.
De hecho, la intervención activa sería necesaria, puesto que, tal como está redactada la normativa de Retirada de la UE, solo una ley puede revertir la ruptura caótica que constituye la opción por defecto en caso de rechazo de Westminster. Desde su entrada en el Número 10, la táctica de referencia de May ha sido comprar tiempo, pero su estrategia no sirve de nada cuando el Día del Brexit está fijado por ley en el 29 de marzo, por lo que la posibilidad de retrasar la salida cobra cada vez más enteros.
Descartado un no acuerdo, única posibilidad que ha mostrado que aúna una mayoría parlamentaria, y en función del rechazo de mañana, la primera ministra podría promover una nueva intentona en Bruselas, o retar a Westminster a aclarar qué alternativa recabaría mayoría, puesto que, como ha advertido el titular del Brexit, no vale solo con decir qué se descarta.
