Theresa May sigue sin hallar la fórmula mágica para romper el maleficio que condena el acuerdo del Brexit a una derrota segura el próximo martes en el Parlamento si Bruselas cumple con su advertencia de que lo pactado no se toca.
Oficialmente, el Gobierno británico insiste en que la única alternativa al rechazo en Westminster es la ruptura no pactada estipulada por la Ley de Retirada de la UE, pero ante la oposición que este desenlace genera, la cadena de conjeturas sobre el próximo movimiento no cesa y abarca desde una ampliación de la permanencia para renegociar -mediante una extensión del Artículo 50-, a un golpe en la mesa con el que Londres imponga sus condiciones unilaterales en los aspectos más controvertidos, para forzar a los Veintisiete a aceptarlas, o precipitar un divorcio caótico.
Confirmado que la animadversión que despierta el plan no decae, como Downing Street esperaba, Londres no tiene más remedio que hacer del mutismo su bandera: niega cualquier propuesta que se salga del guion establecido y rechaza facilitar información sobre las posibles concesiones que espera anunciar antes de la votación del martes.
Como consecuencia, lo poco que los diputados saben del debate que arranca este miércoles es que lo abrirá el ministro del Brexit y lo cerrará la premier. Antes de su intervención, no obstante, tendrían que anunciarse las licencias con las que el Gobierno aspira a romper la oposición existente y lograr un voto más que quienes quieren tumbar la propuesta, convencidos de que hacerlo les reportará el modelo de salida que ambicionan, o en el caso de los que demandan una nueva votación, que facilitará el ansiado segundo referéndum.
El escollo sigue siendo la polémica cláusula de seguridad recogida en el Acuerdo de Retirada para evitar la reimposición de una frontera dura con Irlanda, en caso de que el marco de la futura relación no esté listo al final de la fase de transición, fijada hasta diciembre de 2020. May tiene claras qué condiciones le ganarían el favor de los parlamentarios: un máximo temporal para la vigencia del mecanismo, reforzar la capacidad de decisión de Westminster sobre el mismo y descartar restricciones en el acceso de bienes y servicios entre el Ulster y el resto del territorio británico. Pero ni en Bruselas están dispuestos a incluir garantías legales que limiten la duración de la salvaguarda ni será fácil convencer al correoso Parlamento británico de que su voz contará para una medida de tanto calado. Por tanto, resulta difícil vislumbrar qué podría llevar May realísticamente a Westminster para revertir la sonora derrota a la que por ahora se dirige.
De ahí que las conjeturas sobre el Plan B cobren tanta importancia como las propias garantías, máxime cuando son varios los ministros dispuestos a dimitir si el Gobierno apuesta por el no acuerdo previsto en caso de rechazo de la Cámara. En Bruselas ven a Londres "en modo negación" en lo referido a ampliar el Artículo 50 y la falta de concreciones acerca de qué quiere realmente, fruto de la división en casa, complica flexibilizar posiciones.
Intimidación en el Parlamento
La polarización desencadenada por el 'Brexit' ha elevado la temperatura hasta el punto de que tanto políticos como medios de comunicación sufren abusos episódicos en pleno desarrollo de su trabajo. Varios diputados han criticado la pasividad de los agentes de seguridad que patrullan Westminster cuando fueron objeto de intimidación a plena luz del día. La Policía Metropolitana ha prometido reaccionar y el próximo martes, coincidiendo con la votación, prevé incrementar efectivos.
