Este jueves el PP usó en el Senado su mayoría para ejercer el veto a la senda de estabilidad del 1,8% con la que el Gobierno de Pedro Sánchez trabajaba en sus Presupuestos Generales del Estado para 2019. De este modo, los populares fuerzan al Ejecutivo de Sánchez a recalcular las Cuentas Públicas de manera que se adapten a un más exigente objetivo del déficit, del 1,3%, lo que obliga a ajustar 6.000 millones adicionales. Así, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que, volver a la meta del 1,3% de la senda presupuestaria supondrá un ajuste de 18.999 millones de euros, por la reducción de déficit de nueve décimas en total. En este sentido, Montero aclaró que, dicho veto deja sin 2.500 millones a las CCAA y sin otros 2.500 millones más destinados para la Seguridad Social y hacer frente a la vinculación de las pensiones al IPC, un acuerdo suscrito con Unidos Podemos. Del mismo modo, algunas de las medidas pactadas por Moncloa con la formación morada en el acuerdo presupuestario quedan ahora en el aire hasta la reformulación de las Cuentas.
¿Qué hará ahora el Gobierno?
El Grupo Socialista en el Congreso anunció un recurso ante el Constitucional, por entender que el veto del Senado es ilegal. Pero lo cierto es que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente, a Sánchez no le queda otro camino que corregir las Cuentas Públicas de 2019 y echar mano de los objetivos de déficit del Ejecutivo de Rajoy, el 1,3%, con lo que se quedará aproximadamente con 6.000 millones menos de margen para el año que viene para gasto social. Además, el fallo del Constitucional puede retrasarse, y nada garantiza que el fallo sea a favor. Por eso, estos son los pasos que a partir de ahora tendrá que seguir: Tras el rechazo de la senda del déficit, el Gobierno no le quedará más remedio que rectificar su anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, y cuadrar ingresos y gastos, ahora con la senda inicial. A continuación, el siguiente paso será el registro de los Presupuestos en el Congreso, para proceder a la votación de las enmiendas a la totalidad. No hay que olvidar que, al mismo tiempo, se tramita de manera ordinaria la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el objeto de eliminar el veto del Senado. Pero el tiempo que corre es muy posible que no coincida con el trámite de los Presupuestos, por lo que parece improbable que el Gobierno puede prescindir de la referencia del 1,3% aprobado.
El timing del Ejecutivo tiene preestablecido que las enmiendas de la totalidad tengan lugar a finales de enero o principios de febrero. En este punto, es fundamental para Sánchez que ninguno de los partidos que le apoyaron en la moción de censura presenten enmiendas a la totalidad. Porque, de ser así, el texto queda rechazado de plano y el documento de Presupuestos cae de inmediato. Eso podría abrir un obligado escenario electoral para Pedro Sánchez, abocando a un superdomingo o a unos comicios generales en otoño. De ahí la importancia de que Sánchez consiga los apoyos ese día. Claro que tampoco es una garantía de que los Presupuestos sigan su camino. A través de las enmiendas parciales también se puede tumbar el documento del Ejecutivo socialista. Tramitados los Presupuestos, puede darse una paradoja: que, aprobadas las Cuentas, después concluya la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la inclusión del fin del veto del Senado.
